Una jurisdicción especializada que garantice los derechos de la infancia

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha reunido a más de 50 profesionales de todos los estamentos jurídicos y especialistas en infancia. Todos ellos unidos bajo la convicción de que se necesita una Justicia especializada en materia de Familia y discapacidad. Con ello se garantizaría la igualdad y proteger a los menores en los procesos judiciales.

Esta reivindicación ha sido abanderada en la inauguración del I Congreso de Infancia y Adolescencia. Allí estaban los decanos de la abogacía de Madrid (José María Alonso) y Barcelona (María Eugenia Gay), y Xavier Abel (presidente de la plataforma Familia y Derecho).

La inauguración

En el acto inaugural intervinieron Juan Carlos Campo (ministro de Justicia), José Luis Martínez-Almeida (alcalde de Madrid) y Dolores Delgado (fiscal general del Estado).

Alonso ha señalado que el Congreso pretende visibilizar la necesidad de una Jurisdicción de Familia con implantación nacional y especializada. Para ello, debería estar dotada de recursos económicos y personales que permitan acceder a ellos en igualdad de condiciones.

Los operadores jurídicos que intervienen en los procesos de Familia llevan años alertando de esta necesidad, especialmente en las localidades pequeñas. Para Alonso, conseguir esta Jurisdicción de Familia y Menores «garantiza los derechos de los niños, sujetos pasivos y en ocasiones víctimas en las crisis de familia». Por ello, recalcó la necesidad de crear esta jurisdicción.

Además, trasladó al ministro la inquietud de los operadores por el olvido en la ley orgánica de protección integral a la Infancia. Y es que esta se encuentra en trámite parlamentario. 

La decana del ICAB destacó que la especialización orgánica de la planta judicial es una de las grandes reivindicaciones de aquellos que se dedican al Derecho de Familia. Afirmó que son muchos beneficios los que derivan de la misma en interés de las personas que participan en un procedimiento.

Gay recordó que la protección del interés de los menores en los procesos judiciales es una de las obligaciones de los poderes públicos. Así lo muestra el artículo 39 de la Constitución Española y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996.

Por su parte, Xavier Abel señaló que la finalidad de esta asociación es «la especialización en el orden jurisdiccional civil de las materias de infancia, familia y capacidad».

Evitar la revictimización

Dolores Delgado afirmó que es obligación de este operador jurídico «garantizar el derecho de los menores a ser oídos en todos los procedimientos». «Debemos velar por que este derecho se ejercite con todas las garantías». Para ello deben disponer de los «medios necesarios para evitar la revictimización y cualquier efecto negativo que un procedimiento puede generar en un menor».

Además, hizo hincapié en que la detección temprana de situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los menores es esencial para adoptar las medidas de protección y hacerlo de forma inmediata y eficaz.

Garantizar la protección

Por su parte, Almeida señaló que los menores han sido uno de los colectivos que más ha sufrido durante la pandemia. «Se han podido agudizar problemas que ya venían arrastrando desde el punto de vista familiar, pero también otros como la brecha educativa».

«No hay mejor inversión para el futuro de una sociedad que garantizar la mejor protección jurídica, social e institucional de nuestra infancia y adolescencia». Y es que incidió en que ellos son el futuro «para construir una sociedad libre y abierta como es en estos momentos la sociedad española». 

Alternativas a la jurisdicción

El ministro de Justicia recordó que, en primer lugar, corresponde a los adultos de su entorno preservar a los menores de las consecuencias dañosas derivadas de los conflictos conyugales y familiares, algo que no siempre sucede. «Es en estos casos cuando deben actuar los poderes públicos, dotando a la sociedad de herramientas que ayudan a gestionar los problemas de la responsabilidad, el diálogo y el pacto». Así lo recoge el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Cuando el conflicto llegue a la Administración de Justicia, su labor debe ser «minimizar en todo lo posible el sufrimiento de los niños y niñas», ha continuado Campo. Por eso, «el servicio público de Justicia ha de promover este ejercicio velando porque el derecho de ser oído se lleve a cabo en condiciones adecuadas a su edad y desarrollo». 

Este es un objetivo al que se contribuirá de forma indirecta «fomentando el uso de otras formas de resolver el conflicto como la mediación y los demás medios adecuados para la solución de controversias».

El propósito es que «solo unos pocos asuntos de familia lleguen a los tribunales, solo aquellos para los que la jurisdicción sea el sistema adecuado».

Primera jornada

Tras la sesión inaugural, estuvieron presentes la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca; el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, José Luis Seoane; el magistrado jubilado del TS, José Antonio Seijas Quintana, y la letrada Mercè Pigem i Palmés. Estos explicaron por qué es tan necesaria la especialización judicial en materia de Familia. 

Tras las dos primeras sesiones, el evento continuó con una mesa integrada por Pau-Marí Klose (PSOE), Margarita Prohens (PP), Sara Giménez (Ciudadanos), Carlos Zambrano (VOX), Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) y Mar García (Unidas Podemos). Después, profesionales de la magistratura, la abogacía, la docencia y el trabajo social abordaron en sendas mesas redondas la situación de los menores en los juzgados.

El resto de la jornada incluyó un diálogo entre autoridades judiciales de familia y profesionales de la salud y una mesa redonda sobre la salud física y psicológica de los menores. Además, hubo una sesión de debate sobre la protección de los menores desde las organizaciones de infancia. Finalmente, hubo un panel sobre los efectos de las crisis familiares en los menores.

Segunda jornada

Mañana viernes, la segunda jornada arrancará a las 9:30 horas. Profesionales de la abogacía y magistratura hablarán en una sesión sobre Los desafíos de la especialización respecto a los NNA en la administración de Justicia.

A continuación, a las 11:30 horas tendrá lugar un coloquio con periodistas especializados en información jurídica. Debatirán sobre si la falta de especialización judicial en materia de Familia supone una discriminación para la ciudadanía.

Para finalizar, en la sesión de clausura prevista a las 13:30 se dará lectura al documento con las conclusiones que se hará llegar a los grupos parlamentarios, organismos e instituciones significativas relacionadas con el derecho de Familia y los derechos de la infancia y la adolescencia.