La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Mª Eugènia Gay, la diputada de la Junta de Gobierno del ICAB responsable del Turno de Oficio y Asistencia a la persona detenida (TOAD), Carmen Valenzuela, y el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Antonio Morán Duran, han clausurado el III Congreso del Turno de Oficio, que se ha desarrollado durante la semana pasada. Y que ha contado con un seguimiento de más de 1.200 abogados y abogadas tanto de España como de otros países entre los que destacan Italia, Paraguay, EEUU, Argentina, Perú, Méjico, Alemania, Ecuador, Bolivia y Chile.
Servicio esencial
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha expuesto que el Turno de Oficio es un servicio esencial en un estado de Derecho. Por ello considera necesario poner en valor la importancia de la Abogacía de Oficio y su independencia para llevar a cabo las importantes funciones que asume para asegurar que el acceso a la Justicia tenga lugar en condiciones de igualdad, sin importar las circunstancias económicas y personales de quien necesita el asesoramiento jurídico y la asistencia letrada.
La independencia de la Abogacía de Oficio supone realzar el prestigio de los profesionales que la integran siendo imprescindible para ello asegurar la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional en el ejercicio de la profesión. Pero también un reconocimiento retributivo adecuado a los abogados y abogadas adscritos al Servicio de Defensa de Oficio, que sitúe las percepciones económicas que reciben a la altura de las funciones y responsabilidades que asumen, ha afirmado la decana de la abogacía barcelonesa.
También ha hecho hincapié en el hecho que el Turno de Oficio está presente de una manera amplia en numerosos ámbitos y por ello es imprescindible reforzar el conocimiento del mismo por parte de la ciudadanía para que pueda percibir la proximidad de la Administración de Justicia en su sentido más amplio y sentirse amparada por las Instituciones.
Todo un éxito
En su intervención durante la clausura, la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha puesto de manifiesto que “las diferencias que aún persisten en función del partido judicial en el que se presta el servicio del Turno de Oficio deben revertirse de acuerdo con la vocación de integridad con la que los poderes públicos han de trabajar en interés de la cohesión social y territorial; ya que al hacerlo no solo se mejora el acceso al mismo en todo el Estado, sino que también se ofrece una respuesta más coordinada y eficaz en aquellos supuestos donde está presente el elemento internacional”.
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha querido agradecer en su intervención el trabajo del Comité Científico liderado por la diputada responsable de la Comisión del Turno de Oficio y asistencia a la Persona Detenida, Carmen Valenzuela, y que, sin duda, ha sido todo un éxito tanto por la alta participación de abogados y de abogadas que han estado siguiendo desde diferentes puntos del mundo el Congreso, como por la calidad de las intervenciones de los ponentes.
Labor social
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Antonio Morán Duran, ha felicitado al Colegio de la Abogacía de Barcelona por la celebración de este Congreso y ha destacado la tan noble tarea que ejerce la abogacía de oficio en toda España.
Carmen Valenzuela, ha destacado que los más de 3.200 abogadas y abogadas de oficio que están adscritos a este servicio en la demarcación del ICAB desempeñan una importante labor social y son conocedores de primera mano de los problemas que afectan a la ciudadanía. A continuación, ha dado a conocer las principales conclusiones de las once mesas de análisis que se han realizado a lo largo de estas dos jornadas y en las que se han abordado temas de rabiosa actualidad en relación al Turno de Oficio.
Conclusiones
En este sentido, Valenzuela ha afirmado que durante el III Congreso del Turno de Oficio se ha puesto de manifiesto que para procedimientos judiciales de segunda oportunidad se modifique la Ley de Justicia gratuita incluyendo como beneficios de la misma la intervención obligatoria de notarios y de administradores/ mediadores concursales.
En el transcurso del Congreso también se han analizado los «efectos de la pandemia en la jurisdicción social». Ante la situación excepcional motivada a causa de las consecuencias de la pandemia ‐ “que ha roto la vida económica y laboral de muchas personas” ‐ se ha puesto de manifiesto que se debería actuar también con excepcionalidad, de manera que los tribunales de justicia de la jurisdicción social salven los requisitos formales exigibles previamente a la COVID‐19
En relación con la «Ley 17/2020 para la erradicación de la violencia machista» se ha destacado que recoge una reclamación histórica de la abogacía como es “la obligatoriedad de asistir a las Mujeres, víctimas de violencia machista en su primera declaración en comisaría”; el acompañamiento por un letrado o letrada a las víctimas de violencia de género en el momento previo a la interposición de la denuncia garantiza que ésta reciba una información completa de los derechos que la asisten. También se ha puesto de manifiesto la necesidad de ejecutar, entre todos los operadores jurídicos, dicha ley, con perspectiva de género para que sea realmente efectiva.
“Hermanita pobre”
Respecto a la jurisdicción de familia, se ha señalado que el Código Civil de Cataluña es una herramienta fundamental para regular los efectos de las separaciones y/o divorcios. También se ha instado a la abogacía a hacer uso de la mediación en este ámbito como vía para que las partes, asesoradas por la abogacía y mediadores‐ puedan llegar a un acuerdo y reducir así los costes emocionales que estos procesos conllevan.
En cuanto a los Juzgados de Violencia contra la Mujer, desde la abogacía se ha subrayado que, si bien la Ley 1/ 2004 supuso un gran avance, siendo la competencia, en origen, atribuida a juzgados penales, el derecho de familia es la “hermanita pobre”.
La asistencia en comisaría a detenidos o imputados por el sistema de videoconferencia que se puso en marcha durante el confinamiento para hacer frente a la COVID‐19 y cubrir así el doble objetivo de garantizar la seguridad de la abogacía, los operadores jurídicos y la ciudadanía ha supuesto una medida muy efectiva ya que, entre otras cosas ha reducido el tiempo de detención en comisaría y ha terminado con los tiempos de espera de letrados y letradas en la delegación policial. Se trata de una medida muy utilizada por los diferentes cuerpos policiales y que debe permanecer tras la pandemia.
Menos burocracia y más rapidez
Para resolver la problemática que padece la abogacía en las guardias penales en los juzgados se ha afirmado que se necesita menos burocracia, más rapidez y más efectividad. Por ello, en el marco del Congreso se ha puesto de manifiesto que se debe establecer un sistema consecutivo de citas a letrados y letradas para evitar las citaciones a la misma hora; que los letrados y letrados puedan tener acceso al atestado en Comisaría, pues el derecho de defensa es el derecho más sagrado que tiene la abogacía; que se cite con antelación a los intérpretes y que éstos realicen la traducción de manera instantánea y exhaustiva; que los asuntos susceptibles de conformidad y que requieran de documentación administrativa no se señalen los fines de semana para evitar suspensiones por falta de dicha documentación; que se dispense a la abogacía de un trato respetuoso; que se avise a la abogacía con tiempo de las suspensiones de declaraciones para evitar traslados innecesarios; y que se fomente el uso de videoconferencias en Juzgados.
La Abogacía, como garante histórica de los derechos y las libertades de la ciudadanía, cumple con una función social innegable, siendo el Turno de Oficio una de sus manifestaciones más intensas, pues permite la materialización de la justicia de acuerdo con lo previsto en la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: la promoción del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y la igualdad de acceso a la justicia para todos como propósitos de una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática.
