El CERMI celebra la reforma del derecho civil sobre discapacidad que terminará con la incapacitación judicial
El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) ha celebrado la reforma aprobada este miércoles. Este Proyecto de Ley pretende cambiar la legislación civil y procesal sobre el apoyo a las personas con discapacidad, concretamente, sobre el ejercicio de su capacidad jurídica.
La iniciativa, impulsada desde hace varios años por el CERMI, ha contado con un gran respaldo de las fuerzas políticas en el Senado, obteniendo 242 votos a favor y 17 abstenciones. Así, ha repetido el consenso y apoyo que obtuvo en el Congreso, donde no tuvo ni un solo voto en contra. Una vez que ha superado ya la aprobación del Senado, la reforma legal pasará de nuevo al Congreso. Éste será el encargado de ratificar las enmiendas introducidas por la Cámara Alta, finalmente lo publicará en el Boletín Oficial del Estado.
ACABAR CON LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL
De esta forma, una delegación del CERMI fue invitada por los parlamentarios para seguir el debate y votación del proyecto. Éste tiene como objetivo acabar con la incapacitación judicial y sustituirlo por un sistema de apoyos individualizados. El cual se adaptará a las necesidades particulares de cada persona. Así, será esta última quien tome sus propias decisiones libremente y siendo informada.
Para el CERMI esto supone un “hito democrático”, porque se producirá un cambio “real y efectivo”, tanto en la vida de las personas con discapacidad como en sus familias. Ahora mismo, éstos tienen ciertos derechos restringidos y deben actuar con supervisión. Asimismo, la plataforma recuerda que la reforma persigue adecuar la legislación sustantiva y procesal civil a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, incidirá en el artículo 12 sobre la igual capacidad legal de las personas con discapacidad.
OTROS CAMBIOS
En este sentido, también se proponen algunos cambios en otras leyes: en el Código Civil, en la Ley del Notariado, en la Hipotecaria, en la de Enjuiciamiento Civil en la de protección patrimonial de las personas con discapacidad, en la del Registro Civil, en la de la Normativa Tributaria y en la de Jurisdicción Voluntaria.
Asimismo, otra de las modificaciones versa sobre la eliminación de la tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada en el ámbito de la discapacidad, las cuales continuarán como instituciones propias de la minoría de edad. A cambio, el sistema judicial deberá otorgar a todas estas personas las ayudas que requiera para poder realizar actos jurídicos. Entre ellos se incluye, por ejemplo, adquirir un inmueble, casarse o hacer un testamento.