El CERMI reivindica un nuevo proceso penal inclusivo
El vicepresidente del Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu, ha planteado la necesidad de que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que está diseñando el Gobierno, «esté presidida por los principios de la no discriminación, la accesibilidad universal y el respeto a la autonomía personal».
Así lo ha manifestado durante la celebración del Seminario ‘Personas con Discapacidad en el nuevo proceso penal’, organizado por el CERMI junto con la Fundación Derecho y Discapacidad.
Igualdad ante la Ley
Para estas propuestas tendrán relevancia los artículos 12, 13 y 14 de la Convención de la ONU, relativos al igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia y libertad y seguridad de la persona. Por eso, esta nueva ley debe garantizar, según ha explicado, la igualdad de condiciones y la no discriminación de las personas con discapacidad en el proceso penal, poniendo a disposición de estas personas ajustes de procedimiento y los apoyos que necesiten, así como garantizar así su participación.
Por su parte, María José Segarra, Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados en la protección de personas con discapacidad y atención a los mayores, ha considerado un acierto el reconocimiento de la diversidad y la necesidad del procedimiento de adaptarse a ella, ya que comprende el derecho a la defensa, con la obligación de adaptar todos los trámites procesales y el derecho a una participación eficaz. No obstante, ha reconocido que las barreras que hay no captan las necesidades de las personas con discapacidad. Por lo que, para ella, es necesario introducir dentro de la cláusula de garantía todas las medidas de adaptación de los procedimientos.
Reglas de Brisilia
Joaquín Delgado Martín, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ha abordado las garantías y ajustes del proceso penal en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. En este sentido, ha hecho referencia a la efectividad de la tutela judicial de las personas vulnerables en el proceso penal, que, según ha explicado, exige la adopción de ajustes razonables y necesarios.
Delgado Martín ha afirmado que esto afecta a los responsables del sistema judicial para que promuevan el desarrollo de las políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de sus beneficiarios, y a todos los servicios y operadores del sistema de justicia para que apliquen las medidas que se adopten y otorguen a las personas con discapacidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Para él, las reglas de Brisilia han de convertirse en un referente del sistema judicial español, como ya ocurre en los países de la comunidad iberoamericana.
Por otra parte, ha considerado que resulta necesaria una lectura de Ley de Enjuiciamiento para analizar si los derechos de las personas y grupos vulnerables se encuentran suficientemente tutelados en su relación con la Administración de Justicia. «Lo que deviene especialmente relevante en el seno del debate público abierto en relación con el reciente anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha concluido.
El abogado experto en temas de discapacidad, Torcuato Recover, de Plena Inclusión, ha centrado su ponencia por un nuevo proceso penal, protector y respetuoso con las personas con discapacidad. Durante su intervención ha hecho referencia a las barreras y obstáculos procedimentales a los que se enfrentan las personas con discapacidad en su acceso a la justicia, tales como la complejidad y rigidez de los procedimientos o la falta de formación especializada, demostrando que «el sistema judicial ha fracasado completamente».
A través de la práctica jurídica, ha puesto de manifiesto cómo la falta de ajustes de procedimiento, sitúan a la persona con discapacidad en una situación de vulnerabilidad e indefensión.
Cambios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Otra de las personas expertas que ha participado en el Seminario es Patricia Cuenca, doctora en Derecho y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, ha planteado una ponencia sobre los parámetros de un proceso penal garantista para las personas con discapacidad, basados en la Convención de la ONU. Para ello, ha propuesto una serie de cambios al texto del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, para ella, debe estar presidido por la accesibilidad universal y por las situaciones de vulnerabilidad.
Entre estos, ha apuntado a la incorporación del principio de accesibilidad como principio básico del proceso para garantizar un acceso real, efectivo y equitativo a la justicia, así como incorporar el concepto de vulnerabilidad, e incorporar un capítulo sobre garantías y derechos de las personas con discapacidad.
En este sentido, ha abogado por unas modificaciones desde la fase de denuncia o detención hasta la emisión de la sentencia o la ejecución de las personas con discapacidad para poder participar en el proceso penal en todas las fases y procedimientos. Estas modificaciones a las que ha hecho referencia son las relativas a la accesibilidad, en información y comunicación, a la garantía de la identificación temprana de las situaciones de vulnerabilidad, y su constancia en el proceso, a la evaluación de las necesidades de apoyo por un equipo multidisciplinar, y a arbitrar cauces procedimentales para evaluar las situaciones de discapacidad y necesidad de apoyos.