El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha planteado al Congreso de los Diputados reforzar la protección legal de los consumidores con discapacidad.
Estas propuestas planteadas por el movimiento CERMI y CERMI Mujeres al Proyecto de Ley de Protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Su objetivo es mejorar aspectos concretos de la Ley. También quiere otorgar más protección a las personas que sufren alguna discapacidad en el ámbito del consumo.
Sin embargo, la asociación ha acogido positivamente esta normativa. Esta es la primera regulación legal en España de la categoría de persona consumidora vulnerable. Esto permitirá una mayor protección y garantizar los derechos a este tipo de consumidores.
Propuestas de enmiendas
El CERMI pretende incorporar a la Ley el mandato internacional directo del Tratado de Derechos Humanos que constituye la Convención de Naciones Unidas.
Del mismo modo, propone incidir en el mayor riesgo de exclusión propiciado por el conjunto de factores de interseccionalidad relativos a la discapacidad. En el caso de las personas mayores -en especial mujeres- con discapacidad, se agrava la situación de vulnerabilidad. Se aumenta así el riesgo de exclusión.
La asociación ha pedido que se explicite a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia como grupo con mayor riesgo de exclusión social. La violencia de género frustra sus posibilidades de entrar en el mundo laboral o su independencia económica. Todo ello es a causa del control ejercido por parte del agresor sobre sus víctimas.
También propone que se amplíen las situaciones que propician la consideración de consumidoras vulnerables. Esto se propone en especial en el caso de las mujeres con diversidad funcional. Se hace referencia a la dificultad para acceder a la información y a la necesidad de tener más protección frente a las exclusiones o abusos. También al sobrecoste económico de la discapacidad.
Por otra parte, se señala que hay que añadir los sesgos de género y discapacidad a la brecha digital en el análisis de datos masivos. Estos afectan al diseño de políticas de impacto social como las políticas de consumo.
Otras propuestas del CERMI
En lo que respecta a los derechos básicos de los usuarios, el CERMI da importancia en que sea posible acceder a la información sobre los servicios, incluido el etiquetado en braille. También da importancia a que hay que especificar que cualquier persona debe poder manifestar su consentimiento con garantías o que las organizaciones de la sociedad civil de la discapacidad deben poder representar los intereses de estas personas si se solicita.
En lo que respecta a la información del producto consumido, el CERMI pide que se incluya información sobre alergias en productos alimentarios o información sobre atención al cliente y política de reclamación. Considera que son cuestiones “importantes” que el consumidor debe conocer para tomar una decisión.
El CERMI propone también incluir el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social como referencia para completar la protección de las personas con discapacidad.
Por último, considera que las políticas publicas de consumo deben velar en primer lugar por la no discriminación de los consumidores vulnerables.
