- El pasado viernes tuvo lugar una reunión que recogió a los máximos responsables de la Agencia Antifraude Valenciana (AVAF), la Oficina Antifrau de Catalunya, la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción de las Illes Balears, la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid, el Consello de Contas de Galicia, la Audiencia de Cuentas de Canarias, la Dirección de Servicios de Análisis del Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona
Dichos organismos mencionados con anterioridad consiguen configurar la denominada Red Estatal de Oficinas y Agencias Anticorrupción de España a las que se han incorporado algunos centros adscritos al Ministerio de Hacienda, como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (ORIESCON) y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA).
La reunión que agrupó a los principales responsables de las agencias antifraude de las Comunidades Autónomas tuvo como objetivo conocer la gestión del gasto público que se realizará para prevenir la corrupción. Lo que hace evidente la preocupación de dichos responsables sobre este tema concreto.
Asimismo, las principales Agencias Anticorrupción y las entidades nacionales relacionadas reclaman su derecho a ser escuchadas por el grupo de trabajo de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, el cual ha comenzado de forma reciente los trabajos de transposición de la Directiva Europa de denunciante de corrupción.
La transposición de la Directiva Europea ocupó el orden del día de la citada reunión, ya que el periodo para transponer la misma es hasta el 27 de diciembre de 2022, es decir, de 18 meses. Además, se debe comentar que la comunicación entre los asistentes a la reunión es bastante fluida y recurrente.
Todos los asistentes comparten la necesidad de participación y proposición de medias en aras de enriquecer y dotar de mayor valor a la Directiva.
Por otro lado, el director de la AVAF, Joan Linares compartió su preocupación por el clima político actual como consecuencias de la crisis del coronavirus. Al respecto señaló que,
“Nos preocupa el clima político existente y puede condicionar cuestiones que deberían ser de consensos nacional como esta propia norma”, “esperemos que no se convierta en otro elemento que justifique las disputas entre partidos políticos. Nos preocupa que no haya una actitud de trabajar de forma conjunta y buscar el consenso máximo en esta norma”.
Otro de los puntos fuertes en la reunión fue el tratamiento y vigilancia de la contratación pública, uno de los temas más vinculados a la corrupción. Al respecto, se enunció que, “En un momento como el actual donde se realizan contrataciones de emergencia como así viene estipulado en la ley, deben incrementarse los controles en ese tipo de desembolsos”. Además, se advirtió que “necesitaremos muchos recursos públicos para sacar el país adelante, algunos vendrán de Europa y otro de diferentes administraciones que deberán afrontar tanto la crisis económica como las necesidades derivadas de la crisis sanitaria. Este incremento de recursos necesita más controles de los que se habla poco”.
Para que la transposición de la Directiva sea total y funcione plenamente, expertos como Jaime Far, director de Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares enuncia que “uno de nuestros objetivos es que se apruebe una Ley Estatal de protección del denunciante con la creación de un organismo parecido al nuestro también de corte estatal. Todos los países tienen alguno”.
Para lograr todo ello debemos tener en cuanta la colaboración de nuestros políticos y cubrir el enfoque contra la corrupción de una forma más abierta. Al respecto de ello, Far establece que “Creo que el gran error del enfoque contra la corrupción es centrarlo en la vía penal. Hay mucho de prevención en el ámbito público y privado que se debería tener en cuenta”.
En definitiva, podemos decir que los organismos custodios de la corrupción tienen un papel fundamental en la transposición y correcto funcionamiento de la transposición de la Directiva, sin olvidarnos de la labor que tiene que realizar el Ejecutivo y la oposición para que todo ello sea posible.
