Desde el primer día, la reforma propuesta por el Gobierno para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido objeto de multitud de críticas por parte de los partidos políticos de la oposición. Incluso el partido Más País, que forma parte del Gobierno de coalición, duda de la idoneidad de la reforma: «es un precedente peligroso a largo plazo». Y la razón no es otra que la independencia judicial, contemplada por el artículo 117.1 de la Constitución española:
“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Sin embargo, aunque la mayoría para elegir a los integrantes del CGPJ pase a ser más flexible, el Gobierno defiende que la necesidad de seguir buscando consensos permanecerá, ya que la fragmentación parlamentaria así lo requiere.
Según ha manifestado María Jesús Montero, el Gobierno insiste en que la rebaja de la mayoría requerida es una urgente necesidad que tiene como finalidad superar el “bloqueo” provocado por el Partido Popular (PP), el cual impide la renovación de los jueces mediante el sistema actual, el cual requiere el apoyo de tres quintos de las cámaras. Con la reforma, esta mayoría no sería necesaria, y, por lo tanto, la renovación del CGPJ sería más accesible para el Gobierno y sus socios. Además, cuestionada ante las quejas de la opinión social y de la oposición, la Ministra de Hacienda ha negado que la voluntad del Gobierno haya sido apartar a los órganos consultivos.
El PP, principal partido de la oposición, considera que el fin último del Gobierno es acabar con la independencia judicial, de manera que el Ejecutivo tenga “el poder absoluto”. Así mismo, además de aumentar significativamente la influencia de la corriente política dominante en el CGPJ, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, entiende que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez pretende acabar con el papel de la oposición, calificando esas conductas como “dictatoriales” y que “se alejan de la buena calidad democrática”.
Por su parte tres asociaciones profesionales de integrantes de la carrera judicial también se han manifestado disconformes con la maniobra del Gobierno. En este sentido, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha pronunciado al respecto: «Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas«, y ello, habida cuenta de que la reforma deja todo «al albur del Ejecutivo», el cual pasaría a «manejar y manipular el poder judicial» desde su mayoría parlamentaria. De igual modo, la Asociación Foro Judicial Independiente ha puesto en duda la constitucionalidad de la reforma, y la Asociación Francisco de Vitoria ha realizado una contundente declaración en la que indica que nos encontramos ante un “atentado, despropósito y disparate”.
En cualquier caso, la reforma finalmente puede que acabe en el Tribunal Constitucional, ya que tanto el Vox como el PP han anunciado su intención de llevar al Tribunal Constitucional el texto de la reforma, y ello, porque entienden que se está atentando contra la independencia judicial y contra la democracia.
Hay que recordar que, en 1985 fue precisamente el PSOE quien reformó la ley para que los vocales fueran elegidos por el Parlamento, con la mayoría actual de 3/5 que ahora se pretende rebajar. Por aquel entonces, el Tribunal Constitucional. Aunque finalmente aprobó la elección de los vocales por parte del Parlamento, ya alertó del peligro que conllevaba para la independencia judicial y la democracia el hecho de que el sistema de elección pasase a convertirse en un reparto puestos entre los partidos políticos.
