Las derivas colectivistas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias van creciendo a medida que se alarga el confinamiento de los españoles. Ambos, con la excusa del Covid-19, han conseguido secuestrar a una nación con un estado de alarma inconstitucional, dominar los resortes de la soberanía popular con el cierre casi total del Parlamento, poner a sus milicias callejeras frente a los pacíficos manifestantes para amedrentarlos mientras la policía les censura las redes sociales, han instaurado la “paguita” a modo de cartilla de racionamiento para premiar a los mansos y afines, pretenden la paralización de la justicia, la mordaza a la prensa y a la oposición, el control de los movimientos de los ciudadanos por medio de sus terminales móviles, la expropiación de materias primas y ahora la confiscación del superávit alcanzado durante el pasado ejercicio por las corporaciones locales que alcanzó los 5.000 millones de euros, una cifra que supone aproximadamente el 4% del presupuesto manejado por las Administraciones locales.
¿Qué van a hacer? ¡Expropiarlo!
¿Cómo? Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Este decreto en su artículo 13 dice literalmente: “…Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
- Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria…”
No les quepa duda que tras la amenaza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su intervención en el Congreso de los Diputados, para que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en el año 2019 «al gran pacto por la reconstrucción«, no se esconde más que el corralito a los ayuntamientos para evitar que, en cumplimiento de la ley, devuelvan ese dinero a las entidades financieras para rebajar anticipadamente la deuda contraída, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o utilicen ese dinero en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos afectados por la incompetencia de este gobierno, como han propuesto varios alcaldes de ciudades importantes españolas.
La ministra quiere expropiar ese dinero para poderlo destinar a la implantación en la sociedad española de la agenda ideológica marxista de Iglesias, ya que cuando Sánchez solicite el rescate de España por parte de sus socios europeos, estos no le van a prestar fondos sin poner duras condiciones y solamente podrá destinarlos para cubrir necesidades tasadas y con reformas muy austeras que no le van a permitir desviarlo para gastos improductivos.
El nivel cultural y la entidad ideológica de la ministra que pretende apropiarse de este dinero de los ayuntamientos queda reflejado en dos frases:” Esto no es tan simple como decir que cada uno utilice sus recursos», Montero criticó la idea de que «el dinero de cada uno es de cada uno» y «esto no es tan simple como decir que cada parte use sus recursos y la que no los tenga se busque la vida».
La frase, dentro de su media lengua, es tremenda, Detrás se esconde, no sólo secuestrar los fondos del superávit de los ayuntamientos, sino que cuando dilapide pródigamente esos fondos, expropiará los ahorros de los españoles que obran guardados en los bancos.
La agenda marxista no ha hecho más que empezar
Pablo Iglesias y el silencio cómplice de Sánchez ya desataron el nerviosismo de los españoles tras una rueda de prensa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando Pablo Iglesias publicó en su cuenta de Twitter el artículo 128 de la Constitución Española: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
Según los intérpretes oficiales de las intenciones de Iglesias, este sujeto citó el artículo 128 de la Constitución para justificar el cierre, por parte del Gobierno, de la economía. Tal afirmación causo el revuelo de los españoles indefensos en sus viviendas, que vieron como el “Dúo del coronavirus” (Sánchez e Iglesias) podía barrer sus ahorros, confiscándolos, aplicando un artículo de la constitución sacado de contexto.
Al él le importa muy poco que el artículo 128 de la Constitución, determine que el interés general está subordinado a la economía de mercado, no al comunismo ni a la colectivización.
El gobierno no sabe que el artículo 128 de la Constitución, está subordinado al art. 38 de la Carta Magna, que se encuentra dentro de lo que se llama la “constitución económica” y del Título I de los “derechos y deberes fundamentales”, ocupando mayor rango dentro de la Constitución que el art. 128 que se encuentra en el Titulo VII de la Economía y Hacienda. Dispone el Artículo 38 de la Constitución Española: “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
Iglesias ignora que, a su vez, el art. 10 de la Constitución condiciona el contenido del artículo 128, al que queda subordinado. Este articulo 10 dispone: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”
Pero a pesar de estas explicaciones entendibles por un versado en derecho, el hashtag “corralito” no tardó en convertirse en “Trending Topic” y fueron muchos los usuarios que acusaron al Gobierno de estar planeando llevar a cabo esta acción y la expropiación de los ahorros para un banco público. Ahora la ministra de Hacienda proclama en el congreso de los diputados que los remanentes municipales no deben ser llamados ahorros, porque no se han logrado de forma «voluntaria», sino por la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto.
Tanto la frase de Iglesias como la de la Montero avalan la toma de los ahorros de los ayuntamientos por el ejecutivo y un futuro corralito bancario.
La irresponsabilidad de un personaje que premedita todo lo que dice, como Iglesias, y la de una ministra iletrada, va a llevar a los españoles a tener la tentación, de momento, de sacar todo su dinero de los bancos para evitar que se produzca una situación como la que vivió Grecia en 2015.
Grecia. Inicio del corralito en junio de 2015, lo que supuso limitar a 60 euros diarios el dinero que cada ciudadano podía retirar del banco, a la vez que se prohibieron las transferencias bancarias al extranjero. Esta medida generó tales colas en los cajeros que a las pocas semanas fue sustituida por un límite semanal de 420 euros, que al menos permitía sacarlo todo de una vez. En estos años, los controles se han ido relajando gradualmente a medida que la economía griega se estabilizaba.
La demagogia de Iglesias nos puede llevar, también a una situación como la de Argentina, con su ‘corralito’ de hace 15 años. La pesadilla económica del 3 de diciembre de 2001, comenzó cuando Argentina se enfrentó a un ‘corralito’ decretado por el presidente izquierdista Fernando de la Rúa. Este individuo no era consciente que con su actuación acuñó un término que ahora causa pavor a los españoles y que tiene fama mundial: El ‘corralito’. Lo bueno es que De la Rua huyó en helicóptero.
A cualquier economista con tan solo escuchar los que pretenden los miembros del ejecutivo, le puede provocar escalofríos, a Sánchez, presunto economista, no le causa escalofrió alguno.
El las intenciones de la ministra de Hacienda y del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, no han hecho más que sacar a relucir su ideología tardo marxista: «¡Exprópiese!”
