HECHOS
Una noche en la que la demandante se encontraba de fiesta con un amigo en un bar, conoció a un grupo de chicos con los que ella accedió a irse a continuar la fiesta a otro bar sin la presencia de su amigo. Cuando llegaron la obligaron a consumir cocaína junto a ellos.
Tras esto, y en contra de la voluntad de ella, la llevaron a rastras a un inmueble donde la metieron dentro de una casa por miedo a ser vistos y la comenzaron a atar las manos para que no pudiese moverse mientras ellos la desvestían y comenzaban a tocarla.
La obligaron a realizar una felación a cada uno de los individuos, y rápidamente comenzaron a penetrarla tanto vaginalmente como analmente.
Después de haber realizado estos actos, dejaron que la víctima se marchase del lugar. Ésta paró un taxi y se dirigió-todavía aturdida por lo sucedido- a la comisaría de policía a denunciar los hechos.
Las consecuencias que la agredida tuvo fueron: lesiones en ambas rodillas, en la parte interior de la vagina y, sobre todo, secuelas psicológicas como ansiedad, trastorno distímico y trastorno de estrés postraumático.
Cabe recalcar que, la víctima en el momento que se produjeron los hechos, estaba atravesando una crisis de ansiedad y depresión; por lo que estaba en pleno tratamiento incompatible con a ingesta de alcohol y otras sustancias que ella ingirió. Esto provocó un menor control sobre ella misma.
ESTRATEGIAS DE LAS PARTES
La demandante, víctima de la agresión de la mano de David Macías González de “Spyn Advisors”, solicita que se condene al acusado de tres delitos de agresión sexual con 15 años por cada delito como pena; y la inhabilitación absoluta durante la condena solicitada.
También se solicita una orden de alejamiento hacia la víctima de 1 km de distancia desde dónde ésta se encuentre.
Y, por último, se pide una indemnización a la víctima por los daños psicológicos; y otra indemnización por los daños físicos.
Para solicitar esto, el abogado alega que los delitos cometidos son tres agresiones sexuales diferentes, recogidas en el Código Penal en los artículos 180.1. 2ª y 180.1. 3ª en relación con el artículo 179 del mismo.
Alega que, el acusado es el autor de uno de los tres delitos de agresión sexual, y es cooperador necesario en los otros dos; ya que sean podido realizar las otras dos agresiones por la ayuda del acusado.
Por último, no se dan ninguna circunstancia eximente de la responsabilidad penal.
La acusación pública-Ministerio Fiscal- solicita: una pena de 13 años por cada agresión sexual junto con la inhabilitación absoluta del acusado, una orden de alejamiento hacia la víctima, pero únicamente de 200 metros, pago de las costas del proceso; y una indemnización a la perjudicada por los daños físicos y psicológicos, pero de una cantidad menor a la que solicita la afectada.
Por otro lado, el acusado solicita únicamente la libre absolución. Y para ello, alega que los hechos que la víctima ha relatado no son los que realmente ocurrieron, y que él es inocente de los delitos que se le imputan.
PRUEBAS APORTADAS
La parte acusatoria, aporta como prueba: el interrogatorio del procesado, los testimonios de la víctima y de su amigo que le acompañó parte de la noche en que ocurrieron los hechos.
También, pruebas periciales de: médicos forenses, técnicos que verifican el análisis de orina y de sangre, técnicos que verifican el informe pericial, y documentos redactados por un equipo de psiquiatría y psicología.
El Ministerio Fiscal aporta la misma que la acusación particular.
Y el defendido, únicamente aporta una prueba testifical.
FALLO
La Audiencia Provincial condenó al acusado como autor del delito de violación con agravante, sin ninguna circunstancia modificativa que exima de responsabilidad. Pena de 12 años de prisión por el delito más la inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena.
Además, le condena como cooperador necesario en las otras dos violaciones que le realizaron sus amigos. Sin ninguna circunstancia que exima de responsabilidad, cumpliendo seis años por cada delito más la inhabilitación durante el tiempo de condena.
El agresor deberá pagar las costas del proceso más las indemnizaciones correspondientes a los daños tanto físicos como psicológicos ocasionados a la víctima, la suma alcanza 20.350 euros.
Orden de alejamiento a la victima de 500 metros en cualquier lugar que se encuentre, durante el tiempo de condena, es decir, 14 años por autor del delito y ocho por cada uno de los dos delitos en los que ha sido condenado por cooperador necesario.
Para el cumplimiento de la pena se aplica el límite del artículo 76 del C.P, estableciéndose el límite máximo en 20 años.
El acusado, no conforme con el fallo, decide recurrir la sentencia. En el fallo del recurso, el tribunal actúa desestimando la causa y condenando al acusado al pago de todas las costas de este proceso posterior.
El caso ha sido defendido por David Macías González, abogado y socio responsable del área penal de Spyn Advisors.
Redacción editorial a cargo de Carmen Núñez Pérez.
WEB: http://www.spyn.es
