Tras las polémicas declaraciones realizadas por el Ministro de Consumo Alberto Garzón, la Guardia Civil ha vuelto a ser objeto de duros ataques. Esta vez, los hechos tuvieron lugar en el “Ospa Eguna” (“Día del adiós”) celebrado el pasado sábado 29 de agosto en la localidad de Alsasua (Navarra). Asociaciones de Guardias Civiles, Navarra Suma, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y colectivos de víctimas de ETA (entre otros) solicitaron al Gobierno que interviniera para impedir su celebración. Sin embargo, la concentración radical se celebró. Esta convocatoria se repite anualmente, y en ella se concentran en torno al millar de extremistas abertzales para pedir la salida de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra.
Txakurrak kanpora’ (Perros fuera), ‘Alde hemendik, utzi pakean’ (Fuera de aquí, dejadnos en paz) o ‘Fuera las fuerzas de ocupación’, fueron algunas de las proclamas lanzadas por los radicales, los cuales, no dudaron en calificar de “asesinos” a los agentes de la Guardia Civil. E incluso llegaron a comparar a los miembros de la Benemérita con el coronavirus, haciendo uso del lema “Zuek zarete virusa”, es decir, “vosotros sois el virus”.
Como no podía ser de otra manera, distintos colectivos han mostrado públicamente su oposición a este nuevo acto de escarnio público. En este sentido, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha dado su apoyo a la Guardia Civil, y ha respaldado la labor realizada históricamente en la lucha contra ETA: “Los radicales han vuelto a esparcir su odio por el pueblo un año más. Es un acto preparado para humillar a la Guardia Civil, la que siempre nos ha defendido frente al terror de ETA que ellos justifican”. Y recalca que: “En el País Vasco y en Navarra, aunque ya no nos matan, siguen secuestrando nuestra libertad”.
Así, distintos colectivos han manifestado que estamos ante un delito de atentado contra la autoridad (artículo 550 del Código Penal):
“Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
Además, tanto las asociaciones de Guardias Civiles como el Movimiento contra la Intolerancia han defendido que en el caso en el que los agentes estén fuera del acto de servicio, estos y sus familias estén amparados por el delito de odio, regulado en el artículo 510 del Código Penal.
En consecuencia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha exigido “la prohibición de este tipo de actos y campañas que generan odio en torno a la Institución de la Guardia Civil y sus miembros”, ya que estos ataques “también afecta a sus familiares, muchos de ellos menores de edad”.
Igualmente, el Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha recriminado al Ejecutivo “no hacer nada” frente a este “acto de ofensa a Guardia Civil”. Y recuerda que el Ejecutivo no debe “servir a los independentistas, los radicales y los que quieren destruir la unidad de España”, sino que debería estar “al servicio de los españoles para proteger y defender el honor de la Guardia Civil”.
Los datos facilitados por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo el pasado mes de julio son, cuanto menos, preocupantes: en los seis primeros meses del año se han contabilizado 124 actos de apoyo terroristas de ETA, habiéndose superado ya en un 158% los registros de 2019.
Y es que, tal y como defienden desde la Benemérita: “Los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil han aportado mucho sacrificio y lucha, incluso vidas, en la lucha contra el terrorismo de ETA y no merecen tener que enfrentarse a estas muestras de falta de respeto y humillación.”
El Ministro de Consumo insinuó recientemente la existencia de “elementos reaccionarios” en la Guardia Civil. El pasado sábado, en las calles de Alsasua se escuchaba “Asesinos a sueldo, abuso de poder”. ¿Qué será lo próximo?
