Se ha creado un Protocolo de Fomento de un Lenguaje Jurídico Moderno y Accesible por la RAE (Real Academia Española), el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), la FGE (Fiscalía General del Estado) y el propio Ministerio de Justicia junto a otros órganos e instituciones jurídicas.
Este nuevo proyecto pretende que se comience a usar un lenguaje más moderno y llano para que así todos los ciudadanos puedan comprender todos aquellos derechos que les proporciona la justicia. Es decir, empezar a usar un lenguaje más moderno y accesible que permita comprenderlo a todos los ciudadanos.
Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, señaló el pasado jueves que: “El lenguaje jurídico tiene que jugar a favor de los derechos de los ciudadanos que se relacionan con la Justicia”.
Para ello, se pretende crear una Comisión encargada de modernizar y clarificar el lenguaje usado por los juristas y, además, que las instituciones y órganos que vayan a participar promuevan la firma de dicho convenio para establecer unos criterios y objetivos que alcanzar.
EL grupo encargado de supervisar y realizar este proyecto se denominará Comisión de Seguimiento. Esta Comisión estará formada a su vez por distintos grupos de trabajos encargados cada uno de ellos, de una labor específica. Se prevé que se harán reuniones anuales o bianuales en las cuales se darán premios al buen uso del lenguaje jurídico.
Los miembros que forman parte de este proyecto y el cual ya han firmado, han sido: Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ; La fiscal General del Estado, Dolores Delgado; el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; el vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, Rafael Navarro, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez.
Además, Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; y Alfonso de Castro, presidente de la Conferencia de Decanas y Decanos de Derecho de España.
Como bien ha mencionado el Ministro de Justicia, Campo, hay que hacer uso y llevar a cabo el derecho recogido en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, de 2002; en el cual se recoge el derecho a que todo el mundo comprenda sus derechos y libertades.
Por último, ha añadido que el objetivo es crear y hacer uso de un lenguaje eficaz, que se regule el uso de tecnicismos y que “no permita el abuso de un lenguaje plagado de sobreactuación y distanciado de la ciudadanía”.
