La Audiencia Provincial de Jaén condena a un año y once meses de prisión a un hombre por la comisión de un delito de estafa a la Seguridad Social. El sujeto creó una trama dedicada a dar altas de forma ficticia para así poder cobrar las prestaciones.
Junto con la pena de prisión, se le condena al pago de una multa de 425.000 euros y, en concepto de responsabilidad civil, la cantidad de 459.738 euros.
El delito que se le ha imputado es de estafa continuada, ya que estuvo durante varios años realizando estos actos ilícitos. Se le atribuye la responsabilidad de autor principal de la estafa ya que ha reconocido su culpabilidad y ha confesado las pretensiones del Ministerio Fiscal.
Por ello, la fiscalía ha decidido rebajarle un mes de condena y ha reducido la multa a la mitad de dinero.
El juicio se ha tramitado en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, y han acudido 84 acusados para declarar en la Sala. Finalmente, solo se ha celebrado con tres acusados. Aunque todavía quedan cuatro personas por acusar, pero no se ha podido encontrar su localización.
Los tres acusados han declarado que no tienen nada que ver con los hechos que se les atribuyen. Los tres han coincidido que fueron contratados por el principal acusado, el cual era director de la empresa; y que se les firmó un contrato de obra por la prestación de sus servicios.
Todos ellos declararon en el juicio que prestaron sus servicios de forma real, es decir, que sí que trabajaron y cuando finalizó la relación laboral solicitaron la prestación.
Tras haber reconocido el concurso entre un delito de estafa y de falsedad documental, se han impuesto penas al resto de acusados. Las condenas impuestas han sido: devolver el dinero defraudado y una multa en concepto de responsabilidad civil.
SEGUNDA SESIÓN DEL JUICIO
Ayer, se celebró la segunda sesión de este mediático juicio. El objetivo es intentar garantizar las medidas de seguridad en lo referido tanto a los aforos como a las distancias sociales motivadas por el Covid-19.
El principal acusado reconoció, como bien estableció el Ministerio Fiscal, que dio de alta a 83 personas entre el año 2003 y 2007. El fin era dar de alta a los trabajadores durante el tiempo necesario para que, al darles de baja, pudiesen cobrar: la prestación por desempleo, el subsidio por maternidad y, en algunos casos, las prestaciones por incapacidad.
Todo el dinero que ha estafado (rondan los 452.656,84 euros) deberá devolverlo a la Tesorería General de la Seguridad Social.
