Sí, otra vez. En esta ocasión ha sido mientras disfrutaba en la provincia de Cádiz de sus vacaciones, por muchos cuestionadas y criticadas. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, ha declarado que “si queremos que la Justicia sea útil, es obligado acudir a los instrumentos alternativos a la resolución judicial”.
Si nos remontamos al mes de abril, la propia Comisión Permanente del CGPJ ya hacía referencia a la necesidad de incluir en el Real Decreto-ley que regularía las medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, la relativa a la obligatoriedad de haber intentado una solución extrajudicial previa al inicio de acciones civiles, cualquiera que fuere su cuantía, que tuvieren por objeto la revisión de los términos de alguno de los contratos a que se referían los Reales Decretos Ley 8/2020 (entre otros, contratos de hipoteca) y 11/2020 (entre otros, contratos con consumidores y usuarios y contratos de arrendamiento de vivienda habitual).
Ya en mayo durante una videoconferencia celebrada en el Consell de l’Advocacia Catalana, solicitaba un voto de confianza hacia las medidas que desde su departamento se pondrían en marcha para atender el impacto que tendrá la crisis sanitaria sobre los juzgados, subrayando la iniciativa que aglutina a 14 colegios de abogados de Cataluña de crear una plataforma virtual para impulsar la mediación.
A inicios de junio, esta vez durante una de las sesiones de control al Gobierno en la Cámara Alta, el ministro sevillano manifestaba su compromiso y apuesta firme por la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, para evitar la saturación en los juzgados y advirtiendo que, “la Administración de Justicia no es el único método de resolución de esos conflictos”.
En julio, durante el acto de presentación del Centro Español de Mediación, el ministro, otra vez, reiteraba la necesidad de “promocionar” las soluciones amistosas y subrayaba las ventajas de estos medios alternativos de resolución de conflicto, donde no existen ni vencedores ni vencidos.
«Diálogo sobre la confrontación y la crispación»
Llega el mes de agosto, y por supuesto, aunque se encuentre descansando, el Ministro no nos iba a dejar sin su “particular apuesta” por la mediación. El mismo tiene previsto presentar en el mes de octubre en el Consejo de Ministros una ley de reforma procesal en el que se le quiere dar un protagonismo a la mediación y la resolución de conflictos. Seguro de ello, ha señalado que “con la potenciación de estos medios alternativos y complementarios para resolución de conflictos, se cumple la máxima de la Ilustración y del proceso codificador: antes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia”.
“Si a ello le añadimos incentivos económicos y procesales para la negociación, el resultado será que gran parte de los asuntos nunca llegarían a juicio. El conflicto se resuelve antes, de manera más ágil y efectiva”. De esta forma, además de ser menos gravoso para la Administración de Justicia, sería, “sobre todo, más rápido y satisfactorio para el ciudadano”.
Priorizar “el acuerdo sobre el conflicto”, así como, “el diálogo sobre la confrontación y la crispación”, sostiene Campo Moreno en su convencimiento por desarrollar y fortalecer la cultura y la solución negociada de conflictos en nuestra sociedad.
Por último, además las ventajas que conocemos (mayor agilidad, menor coste económico y personal, control del proceso y resultado por las partes, probabilidad alta de cumplimiento, descongestión de los juzgados, etc.), el mismo cree que la mediación contribuye a propiciar la participación de la ciudadanía en el sistema de Justicia.
