El ICAB (Colegio de la Abogacía de Barcelona) ha puesto sobre la mesa, la idea de que la reforma del mercado laboral se deberá hacer atendiendo todas aquellas opiniones tanto de los abogados de España como de todos los agentes sociales, empresariales, sindicatos y patronales para garantizar el equilibrio y la protección de las personas trabajadoras.
En la webinar denominada «Retos de la futura reforma laboral«, han participado: la decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, M.ª Eugenia Gay; el presidente de PIMEC, Antoni Cañete; el secretario General de Comisiones Obreras en Cataluña, Javier Pacheco; el secretario General de UGT Cataluña, Camil Ros; y el Director de Relaciones Laborales de Foment del Treball Nacional, Javier Ibars.
La moderación del debate ha sido llevada por Emma Gumbert, diputada de la Junta de Gobierno del ICAB.
El principal objetivo ha sido analizar y debatir sobre la reforma laboral que se necesita para garantizar el equilibrio y la protección de las personas trabajadoras en el mercado de trabajo.
La decana del ICAB ha puesto de manifiesto que es completamente imprescindible llevar a cabo la reforma en el mercado de trabajo que ha anunciado el Gobierno, teniendo en cuenta la voz de la abogacía y de todos los agentes sociales y empresariales, sindicatos y patronales dado que los cambios exigen el compromiso de todos.
Además, creen que es necesario una nueva regulación sobre los derechos que estén relacionados con la nueva era digital en la que estamos inmersos. Se ha añadido que para hacer frente a la COVID‐19, las autoridades gubernativas han tenido que promulgar una gran cantidad de normas con el fin de proteger a las personas trabajadoras, a las familias, a las empresas y a los colectivos vulnerables.
Para llevar todo esto acabo, se dispone de una serie de mecanismos para intentar asegurar la continuidad del tejido económico y productivo, y aprovechando las nuevas tecnologías para reducir los desplazamientos a partir del teletrabajo.
Y, en este sentido, la decana del ICAB ha querido destacar el Real Decreto‐ley 28/2020, de 22 de septiembre, que regula el trabajo en remoto como una forma moderna de la prestación laboral.
Por eso, Mª Eugenia afirma que “las empresas que apuesten por el teletrabajo deben hacerlo invirtiendo en unos sistemas informáticos seguros; pero, sobre todo, en la salud y en el bienestar de las personas trabajadoras que voluntariamente se acojan al mismo, a fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones en un entorno equilibrado, saludable y coherente con los nuevos derechos digitales”.
Además, la decana ha insistido en intentar tener una regulación para conseguir una conciliación y evitar las irregularidades en la jornada, a parte de un salario que no sea tan bajo. Ya que esto perjudica a las personas trabajadoras; especialmente a las mujeres, jóvenes, colectivos vulnerables y a quienes las Instituciones deben proteger para garantizar el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de su autonomía personal.
Para hacer frente a estas situaciones, por un lado, se ha anunciado la llamada «Ley Rider» y, por otro lado, dos Reales Decretos que suponen la continuación del Real Decreto‐ley 6/2019, de 1 de marzo. Estos Reales Decretos pretenden dar un nuevo impulso y avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades que debe existir necesariamente entre las mujeres y los hombres a nivel laboral y profesional.
La decana ha considerado que es motivo de satisfacción que se hayan ampliado el número de empresas obligadas a disponer de un Plan de Igualdad, y a implementar mecanismos de transparencia en materia retributiva y de procesos de selección; medidas que sirven para tomar conciencia y favorecer la paridad y la equidad.
La reforma también pretende simplificar las posibilidades contractuales en torno a tres modalidades (estable, temporal y formativa para la inserción en el mercado laboral), precisamente para superar las altas tasas de paro juvenil y el problema estructural que actualmente existe. El cual se manifiesta en una temporalidad que se sitúa en torno a un alarmante 90%.
La intervención ha finalizado haciendo énfasis en tres elementos que deberán tenerse muy presentes a nivel político y jurídico de acuerdo con los importantes retos del Mercado de Trabajo: formación, reciclaje profesional y empleabilidad.
