La Fiscalía del Supremo en contra de la vacunación forzosa

Se ha tomado esta decisión tras observarse casos en los que la Justicia ha obligado a vacunar.
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La vacunación contra la Covid sigue avanzando en nuestro país. Actualmente contamos con tres vacunas: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y una más (Johnson & Johnson) que previsiblemente será aprobada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en ingles) en la primera quincena de marzo y cuyas primeras dosis llegarán a España en el mes de abril.

Aunque el ritmo a día de hoy es insuficiente para llegar al objetivo marcado por el Gobierno de tener al 70% de la población vacunada en verano, la llegada de nuevas vacunas hace prever que pueda ser posible. Además, varias comunidades han comenzado ya a vacunar a otros grupos poblacionales (mayores de 80, profesores, fuerzas y cuerpos de seguridad o bomberos) en grandes recintos lo que se facilitará esta tarea.

En contra de la vacuna

Pese a las reticencias iniciales, los españoles parecen haber perdido el miedo a la vacuna. Según el CIS, el porcentaje de españoles que se vacunarían “inmediatamente” contra la Covid ha pasado de un pobre 40,5% de diciembre a un mayoritario 72,5% en enero de 2021, tan solo un mes después.

Sin embargo, sigue habiendo personas que se muestran contrarias a este proceso, algunos de ellos con discursos muy duros contra la inmunización. Recientes son las declaraciones que la actriz Victoria Abril realizó la semana pasada y famosa la posición de personajes relevantes como Miguel Bosé.

La polémica llega cuando esa posición contraria a la vacunación afecta a otra persona. Han surgido varios casos en nuestro país de mayores que estaban ingresados en una residencia pero que su estado de salud les hacía totalmente dependientes y no tenían poder de decisión. Por ese motivo, en algunos casos en el momento en que esas personas debían ser vacunadas, sus familiares o tutores legales se han negado presentándose un grave conflicto que en la mayor parte de los casos ha resuelto la justicia a favor de la vacunación y priorizando la salud de los ancianos.

No a la vacunación forzosa

Pero todo esto cambió la semana pasada. Y es que la Fiscalía del Tribunal Supremo emitió un dictamen que censura la vacunación forzosa contra la Covid. Según esta resolución, este órgano concluye que “en tanto que la ley no establezca obligación de vacunarse, no cabe invocar razones genéricas de salud pública o específicamente basadas en la especial vulnerabilidad de determinados grupos de personas para justificar la administración forzosa de la vacuna”.

Prevalece, por lo tanto, según la Fiscalía, la legislación sanitaria y el decreto del estado de alarma que en ningún momento alude a la vacunación como un acto obligatorio. Por lo tanto, serán las personas libremente las que tomen la decisión de si se quieren vacunar o no.

No obstante, en los casos comentados anteriormente de las residencias, en el supuesto de que el consentimiento tenga que otorgarlo un representante legal habrá que atender siempre “al mayor beneficio para la vida o la salud del paciente”. Y de negarse a ello, habrá que poner el caso en manos de la justicia para que decida, como se venía haciendo hasta ahora.

Sin embargo, estas decisiones judiciales afectan a muy pocos casos en nuestro país. El rechazo a la vacuna es absolutamente minoritario y según los datos ofrecidos por Silvia Cazón, secretaria de Estado de Sanidad, tan solo el 2% de la población a la que se ha ofrecido vacunarse lo ha rechazado.

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