Se aprueba el Proyecto de Ley sobre la protección de datos en los procesos de investigación penal tras haber sido debatida durante muchos meses en el Consejo de Ministros.
En dicho documento también se establece que las sanciones por vulnerar esta nueva Ley, pueden oscilar entre los 6.000 y los 240.000 euros en los casos más graves.
Con este nuevo proyecto de Ley Orgánica lo que se pretende es dotar de mayor protección y garantizar la privacidad de las partes que intervengan en un proceso penal. Con ello, incluimos en las labores de investigación, prevención, detención o enjuiciamiento.
Esta Ley tiene dos objetivos básicos: por un lado, que las autoridades europeas cooperen y colaboren en proteger los derechos en el ámbito penal. Y por otro lado que, a todos los ciudadanos de la Unión Europea, se les reconozcan una serie de derechos que les protejan, en concreto la protección del derecho a la intimidad.
En la Constitución Española, al igual que en las de otros países europeos, el derecho a la intimidad es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado bajo ningún concepto (artículo 18.4).
El Ejecutivo ha solicitado que la aprobación de este proyecto de Ley sea tramitado por la vía de urgencia, para acortar tiempo y así ponerlo en marcha cuanto antes para evitar la vulneración de la intimidad de las personas.
Para solicitar esta vía, se han acogido al artículo 93.1 del reglamento del Congreso de los Diputados; y en el reglamento del Senado han acudido al artículo 133.1.
El Gobierno lo que pretende con la creación de esta Ley Orgánica, es dotar de un marco jurídico regulador que incluya a todos los países miembros de la Unión Europea. Aunque se comenzó a tramitar en marzo de 2020, se ha tenido que retrasar debido a la pandemia del Covid-19.
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
Esta nueva medida, cuenta en su composición con un total de 61 artículos divididos en ocho capítulos, con dos disposiciones adicionales y con once finales. Esto provoca una transposición a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
El documento ha sido remitido a los ministerios de: Justica, Hacienda, Asuntos Exteriores, Defensa, Seguridad Social, Trabajo, Agenda 2030, Transformación Digital, Política Territorial y Función Pública e Inclusión.
También se les ha transmitido al Consejo General del Poder Judicial, Agencia Española de Protección de Datos, direcciones de la Guardia civil y policía nacional, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, etcétera.
