La sanción ha sido impuesta por no haber adoptados las medidas pactadas sobre la protección de datos personales, que pretendían agilizar el intercambio entre autoridades policiales de distintos países de la Unión Europea (UE), para investigar y castigar delitos.
Además de estos 15 millones de sanción, el Tribunal condena al pago de 89.000 euros diarios por parte de España a la UE por cada día que pase sin integrar estas medidas en su legislación nacional. Esta disposición debe ser integrada en el marco de prevención y detección de infracciones penales.
Dichas medidas tenían que haber entrado en vigor en los países europeos el 6 de mayo de 2018, tras ser aprobadas por la Comisión Europea. Estas normas de infracción y prevención en materia de datos personales se adoptaron con el fin de agilizar los procesos policiales entre los países de la UE. Tras un año de intercambios con las pertinentes autoridades españolas, el caso tuvo que ser remitido a Bruselas en julio de 2019.
España no se negó a cumplir estas medidas, simplemente argumentó las circunstancias excepcionales a las que nos enfrentábamos nacionalmente tanto en el Gobierno como en el Congreso. Sin embargo, esto no exime del cumplimiento de las directivas europeas.
En ese año (2018) el Gobierno de España se encontraba “en funciones” y estas disposiciones eran de extremada delicadeza y singularidad como para ser aprobadas sin valorar la proporcionalidad de las sanciones.
En la sentencia condenatoria, se especifica que España ha incumplido las normas declaradas para todos los países de la UE. La fecha límite fijada para integrarlas en la legislación española era el 25 de marzo de 2019, pero aún siguen sin incorporarlas.
El tribunal añade a esta condena que España ha incumplido estas normas de forma continuada puesto que no ha hecho ninguna acción que dejase ver que tenía intención de hacerlo. Ni ha realizado ningún comunicado ni ha dado contestación a Europa, entre otras cosas.
Con todo esto el TJUE ha declarado que: «constituye un medio apropiado para garantizar que el Estado ponga fin, al incumplimiento declarado». Y añade que la tan elevada multa tiene el objetivo de ser una “medida eficaz ”contra este comportamiento para que no se vuelva a repetir.
