El Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española-Wolters Kluwer, tras alcanzar en 2020 su decimocuarta edición, se ha consolidado en el mundo jurídico como el documento clave e imprescindible para tener un conocimiento real de la Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio en España homogeneizando los más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados.
En 2019, los 45.868 abogados y abogadas del Turno de Oficio atendieron en toda España 1.996.669 asuntos de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto a 2018 cuando los letrados y letradas de este servicio gestionaron 1.890.250 solicitudes de ciudadanos.
En relación a la financiación, detalla el Informe, que en 2019 más de 285,8 millones de euros fueron destinados por las distintas Administraciones Públicas a la Asistencia Jurídica Gratuita, lo que supone un incremento del 6% con respecto al año anterior, cuando la inversión en este servicio tan imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos alcanzó los 269 millones de euros.
En el plano de la igualdad en la prestación del Servicio de Justicia Gratuita, destacar el número de letradas adscritas al Turno de Oficio, situándose en el 48%, así como, en los Servicios de Violencia de Género y Extranjería que ya cuentan con más abogadas que abogados, 54% y 52%, respectivamente.
Por otro lado, el Informe detalla el crecimiento en la utilización por los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, alcanzando 700.918 solicitudes de ciudadanos para gestionar por vía telemática su expediente de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento superior al 3% con respecto a 2018. Gracias a este sistema telemático se agiliza de forma notable el derecho fundamental del ciudadano a la Justicia Gratuita facilitando sus trámites y ahorrando costes para la Administración y para los ciudadanos.
La Asistencia Jurídica Gratuita en España: evaluación positiva
La práctica totalidad de los españoles (97%) considera un derecho fundamental el servicio del Turno de Oficio, según la “Encuesta sobre la Asistencia Jurídica Gratuita en España: evaluación ciudadana” elaborada por Metroscopia. En torno a 10 millones de españoles creen probable tener que recurrir al servicio del Turno de Oficio por no poder costearse asistencia jurídica, y 8 de cada 10 españoles considera muy difícil recuperar el tiempo perdido en la Administración de Justicia debido al parón de la actividad provocada por Covid-19. Asimismo, entre las conclusiones de la citada Encuesta, se subraya que los abogados del turno de oficio son evaluados positivamente, tanto por aquellos que han recurrido a él, como por sus allegados.
En relación a los usuarios del servicio de asistencia jurídica gratuita, se acentúa en el sondeo realizado una vez más por Metroscopia que, “la clientela efectiva, hasta ahora, del servicio de asistencia jurídica gratuita comprende un total aproximado de tres millones de españoles; pero su clientela potencial máxima, a la luz de estos datos, podría llegar a ser del orden diez millones de personas. Es decir, una cifra que triplicaría el total actual de usuarios”.
También resulta llamativo, que casi la mitad de los que ya han utilizado la asistencia jurídica gratuita (el 43%; es decir, 1.3 millones, aproximadamente) cree probable tener que recurrir de nuevo a ella en algún momento. En cambio, el 70% de los españoles (unos 23-24 millones) no ha tenido contacto alguno, ni directo ni indirecto con el servicio de asistencia jurídica gratuita. Ahora bien, eso no quiere decir que descarten por completo verse precisados de recurrir a la misma en algún momento. De hecho, la cuarta parte de ellos (unos seis millones) considera probable pasar a ser en algún momento usuarios del servicio.
Eficiencia y calidad
La evaluación de la asistencia jurídica gratuita por sus usuarios arroja en este sondeo los usuales altos niveles de satisfacción, que confirman la eficiencia y calidad de sus prestaciones. En concreto, se estima como un servicio rápido (así lo define el 78% de los usuarios directos, que consideran muy corto o razonablemente normal el tiempo transcurrido hasta verse concedida la asistencia); se subraya la buena atención por parte del correspondiente Colegio de Abogados (un 81% de los usuarios de la asistencia gratuita evalúan positivamente la atención y el asesoramiento recibidos del Colegio de Abogados al que correspondió su caso); individualmente, se destaca la dedicación del abogado que se ocupó de su caso (un 80% de los usuarios de la asistencia gratuita evalúan de forma igualmente positiva (muy buena o buena) la atención prestada a su caso por el letrado que le asesoró); y por último, la evaluación del conjunto del servicio es evaluada positivamente (muy buena o buena) por el 77% de quienes contaron con el mismo.
¿Aumento de la litigiosidad post COVID-19?
En los medios informativos se ha venido especulando, a lo largo de estas últimas semanas, sobre una posible avalancha de denuncias de todo tipo, ante los tribunales, por decisiones o por episodios relacionados con la epidemia de coronavirus que España padece. Los datos de este sondeo revelan que un 2% de todos los españoles (es decir, unas 700.000 personas) manifiestan, en efecto, su intención de presentar en los próximos meses reclamaciones o denuncias ante los tribunales a causa de la epidemia de coronavirus. Una cifra sin duda llamativa que, por el momento, parece razonable interpretar más como una reacción emocional, en caliente, que como un propósito ya plenamente definido y firme.
Consecuencia de ello, un volumen de acciones ante los tribunales de esa magnitud contribuiría de forma muy significativa a complicar la ya compleja situación funcional de nuestra Justicia. Según el sondeo realizado, el 84% de los españoles piensa que será muy difícil que (a pesar del propósito del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial de impulsar medidas urgentes que descongestionen el actual desbordamiento de nuestros tribunales) estos logren recuperar los retrasos en su funcionamiento acumulados en estos meses últimos. Una situación que, según la opinión ciudadana, podría tener repercusiones importantes para nuestra Justicia en el inmediato futuro.
