Las Palmas de Gran Canaria va a ser la primera ciudad en toda España en contar con un juzgado especializado en la violencia infantil. A cargo de este juzgado va a estar el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, que lleva ejerciendo desde el año 1997.
Comenzará a funcionar el próximo día 3 de abril de este año y se denominará: “Juzgado de instrucción número 3 del partido judicial”. Además de controlar los temas de violencia infantil también se hará cargo de la violencia en adolescentes.
El Consejo General de Poder Judicial ya ha dado la autorización y la validez a este juzgado para que, a partir de esa fecha fijada, todos los procedimientos penales que sean relativos a menores de edad sean tramitados o procesados por este nuevo juzgado. Se incluyen como menores de edad desde los 0 años hasta los 18.
Es un proyecto que todavía no se sabe si va a ser funcional y va a llegar para quedarse por lo que, el CGPJ le ha dado un plazo de 24 meses para ver su funcionamiento.
Esta institución se ha creado en base a el proyecto de Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia. Llevada por la junta de jueces de instrucción de la ciudad de Las Palmas y respaldada por el Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC).
Dicha Ley Orgánica, en su disposición final, recogía que se debían crear dos juzgados: el de violencia contra la mujer, y otro de violencia contra la infancia. Hasta ahora únicamente se había creado el primero, dejando incompleta las disposiciones finales de la Ley Orgánica.
Este partido judicial ha afirmado que, para sacar adelante el proyecto, no es necesario un incremento de medios ni de personal. Simplemente consiste en derivar los casos relativos a los menores en el ámbito penal al nuevo juzgado.
Por último, se exige que se elabore una memoria en la que se recoja: fiscalía, numero de asuntos tramitados, propuestas para mejorar la coordinación entre los distintos órganos del sistema de protección, plazos de instrucción o para disminuir y/o eliminar la victimización secundaria, etc.
En definitiva, se hará un análisis de todo eso recogiendo los datos obtenidos durante el plazo de 24 meses. Con ello, se establecerá si este nuevo juzgado ha llegado para quedarse y se pondrán ir creando en todas las ciudades españolas. O, si por el contrario, no va a ser útil y no va a agilizar procesos y ofrecer mejores garantías a los menores.
