La pandemia de la Covid-19 ha incrementado el colapso del sistema judicial, aunque este se ha visto más agudizado en algunas jurisdicciones en concreto. Así ocurre en los juzgados y tribunales de lo Social de Granada. En estos se han fijado algunos procesos para el año 2021 e, incluso, para el año 2025 en algunas regiones andaluzas.
De esta manera, el Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) lo tacha de “intolerable”, y explica que empeora la ya crítica situación existente en la Jurisdicción Social. De hecho, esto lesiona gravemente la labor de los letrados y el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva para no sufrir indefensión. Principalmente, esta importante demora perjudica a los juicios sobre reclamaciones salariales, declarativos de derechos y relativos a prestaciones de Seguridad Social. En este sentido, el Grupo de abogados laboralistas de la Corporación profesional denuncia que la pandemia está siendo la excusa perfecta para retrasar estos procesos durante dos o tres años.
Así lo ha asegurado el decano Leandro Cabrera, el cual explica que “estamos hablando de salarios, indemnizaciones o prestaciones de la Seguridad Social que quedan en el aire durante años, impidiendo que los afectados puedan, en muchos casos, acceder a un sustento económico al que tienen derecho y sumiéndolos en una situación manifiesta de desamparo”. Además, el representante del colectivo profesional también lo corrobora y añade que “no debemos olvidar el grave impacto que tiene esta ralentización judicial, además de en los trabajadores y las empresas, en el conjunto de la sociedad, pues se están dilucidando, ya no sólo los derechos laborales de los implicados, sino también decenas de millones de euros a nivel provincial”.
Por ello, el ICAGR reclama que las Administraciones correspondientes tomen las medidas necesarias para solventar la demora judicial, ya existente antes de la pandemia. Además, hacen especial alusión a que ha surgido una avalancha de procedimientos en relación con los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y despidos por la crisis de la Covid-19. En relación a ello, 11.130 personas estaban en un ERTE en Granada según el cierre de enero de 2021, y 98.821 personas en toda la comunidad autónoma de Andalucía.
Además, la Abogacía Granadina insiste en la reclamación de un nuevo juzgado de lo Social en esta provincia por parte del Gobierno central, y reclama a la Junta de Andalucía que se proporcionen los medios necesarios para agilizar los trámites judiciales. Así, se conseguiría salvaguardar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y recuperar la confianza de todos los profesionales y ciudadanos en la Administración de Justicia.
De esta manera, según el Barómetro Interno de Abogacía Española y Metroscopia “La situación de la abogacía vista por los abogados”, dos de cada tres abogados aseguran que la pandemia está afectando de forma negativa y muy reseñable a su labor profesional.
