La Ley de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como la “Ley mordaza”, que fue aprobada en marzo de 2015 y que entró en vigor el 1 de julio del mismo año, cumple intacta su quinto aniversario en nuestro ordenamiento jurídico, sobreviviendo a cuatro campañas electorales, y a las múltiples promesas de reforma o derogación.
Tras cinco años desde su entrada en vigor, “la Ley Mordaza sigue campando a sus anchas”, denuncia la coalición formada por Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y Greenpeace. En un manifiesto firmado por más de 200 organizaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales, denuncian que con la aprobación de la misma “se avanzó en la dirección errónea, reduciendo el espacio cívico, y poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, información y manifestación”.
En la misma línea “aumentando las sanciones a formas legítimas de protesta, así como la cuantía de otras sanciones ya existentes” evidencian que el “impacto de la aplicación de esta ley ha tenido como consecuencia un efecto disuasorio y desmovilizador, al hacer más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos, amordazando de este modo a mucha más gente de la que se había sancionado”. Igualmente, “la aplicación de esta ley también ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales”.
Recuerdan en el manifiesto, que también en el 2015, junto a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, entró en vigor la reforma del Código Penal, con el consecuente “impacto preocupante en el derecho a la libertad de expresión”. Desde entonces, distintos “usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesadas en virtud del art. 578 del Código Penal, que prohíbe el enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas de los delitos terroristas”.
Desde el referéndum del 1 de octubre hasta la declaración del estado de alarma
Desde el 2015, la Ley Mordaza ha tenido dos momentos culminantes: las movilizaciones y protestas que siguieron al referéndum del 1 de octubre de 2017 en todo Catalunya y el estado de alarma provocado por la crisis del COVID-19. Entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018, los diferentes cuerpos policiales han abierto 765.416 expedientes sancionadores, con los que el Estado ha recaudado 415,5 millones de euros.
El pasado 23 de abril, en su comparecencia en el la Cámara Baja, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, reiteró el compromiso del Gobierno de derogar la Ley Mordaza, aunque advirtió de que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia, precisamente, al artículo 36.6, que permite sancionar por falta grave las desobediencias a las fuerzas de seguridad. En aquel momento, acusado el mismo por la oposición por “sustituir las mascarillas por las mordazas”, detalló que desde que se aprobase el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo, se habían interpuesto 680.995 propuestas de sanción y detenido a 6.061 personas por burlar el confinamiento.
Asimismo, durante los 75 días que ha durado el estado de alarma, se han emitido 1,1 millones de sanciones, es decir, un 42% más que en los tres primeros años y medio de la norma. En concreto, si las descomponemos por comunidades autónomas, Andalucía ha sido el territorio con más número de sanciones por incumplimiento de normas: más de 187.000. Le siguen Madrid con 175.863 y la Comunidad Valenciana con 161.294. Por el contrario, las menos multadas son Melilla con más de 4.000 sanciones, seguida de Ceuta con 8.542 y La Rioja con 10.057.
Como vemos, y a pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios que conforman hoy el Congreso se han comprometido en uno u otro momento a reformar esta ley, y pese a que el Congreso aprobara impulsar en noviembre de 2016 y enero de 2017 dos propuestas de reforma de la misma, la Ley Mordaza sigue a día de hoy completamente en vigor. Decepcionados por ello, y recordando la “necesidad urgente” de tener en su lugar “una nueva legislación en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, el manifiesto impulsado por Amnistía Internacional y apoyado por más 200 organizaciones de defensa de derechos y libertades fundamentales, concluye con la invitación y el deseo, de que será a través de la “presión ciudadana, de organizaciones y colectivos, como conseguiremos que de una vez por todas este quinto cumpleaños de la Ley Mordaza sea de verdad el último”.
