La prestación extraordinaria por cese de actividad del autónomo

Sobre los previsibles efectos económicos y empresariales derivados de la medidas adoptadas en la crisis sanitaria originada por el coronavirus. Esperemos que finalmente el Gobierno flexibilice los mecanismos de acceso al cese de actividad como ya apuntaba ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), el pasado 19 de marzo, solicitando la prestación mediante una declaración a través de su mutua, para los casos de fuerza mayor, o mediante la disminución de un 75% de la facturación, sin proceder a cursar baja en Hacienda y en la Seguridad Social.
La prestación extraordinaria por cese de actividad del autónomo
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Por Eva Hernández Ramos. Abogada

 

Introducción.

La crisis provocada por el nuevo coronavirus “Covid-19” se expande y desarrolla en nuestra economía y sociedad a una velocidad inusitada, como bien apunta la propia Exposición de Motivos del RDL 8/2020, afectando a la actividad productiva y al bienestar de la ciudadanía, en general.

Se han aprobado numerosas normativas para tratar de paliar los efectos inmediatos de esta situación en nuestra actividad productiva, y afrontar las consecuencias a las restricciones de apertura de establecimientos y libertad de movimientos adoptadas en el RD 463/2020.

Como consecuencia del mencionado real decreto, muchas empresas se han visto obligadas a echar el cierre temporalmente durante la duración del estado de alarma y, otras tantas, han disminuido drásticamente su producción como consecuencia de estas medidas, por la caída de la demanda, la enfermedad de trabajadores o por el miedo suscitado ante la situación.

I.- La prestación extraordinaria por cese de actividad. Análisis jurídico.

Naturaleza
En materia de Seguridad Social, el RDL 8/2020, establece una medida para los trabajadores autónomos basada en la prestación por cese de actividad “especial”, sui generis y de carácter autónomo.

En primer lugar, destacamos los dos escenarios absolutamente nuevos establecidos en el artículo 17 del RDL 8/2020, en relación a la prestación extraordinaria al considerar a los trabajadores autónomos en “situación legal de cese de actividad”:

a) Tendrán derecho a esta prestación los trabajadores autónomos que se han visto obligados a cerrar su negocio conforme a lo dispuesto en el RD 463/2020, de 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma.

b) También tendrán derecho a ella, los autónomos que hayan visto reducida su facturación en un 75%, respecto del mes anterior, y siempre en relación con el promedio del semestre anterior.

De la lectura de este artículo adoptamos varias conclusiones a la hora de analizar tan cuantiosa reducción:

 Deberemos observar la facturación del mes inmediatamente anterior a la solicitud. Si se solicita la prestación durante el mes de marzo, habremos de observar la facturación del mes de febrero, por lo que pocas empresas alcanzarán esta cifra si lo solicitan en marzo.

 Lo anterior se vincula a la facturación media alcanzada a lo largo de los 6 meses anteriores a la solicitud.

Requisitos
Esta nueva regulación, que ha tratado de dar un poco de luz a la situación de los autónomos españoles también tiene varios matices, que hemos de estudiar en consideración de normas preexistentes como lo es el TRLGSS (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social):

A este respecto, continúa siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 331 TRLGSS, por la que cualquier autónomo podría acceder a la prestación cumpliendo los requisitos establecidos, con algún matiz en esta situación excepcional:

1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.

Es un requisito inexcusable, es decir, deberán estar en alta a fecha 14 de marzo de 2020. De esta forma se pretende evitar situaciones de altas posteriores a dicha fecha, con la única finalidad de acceder a la prestación.

2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338.

Este requisito no se incluye en el artículo 17.2 RDL 8/2020, para este supuesto excepcional, por lo que el trabajador autónomo no tendría que acreditar la cotización de, al menos, 12 meses continuados inmediatamente anteriores al hecho causante. Esta regulación implicaba que perdía derecho a su prestación, cuando hubiese cotizado durante un tiempo inferior a esos 12 meses establecidos.

Sin embargo, a pesar de no haber periodo de carencia, el cálculo de la prestación varía en estos casos, siendo el correspondiente al 70% de la base mínima de cotización establecida para el RETA o el RETM. De este modo, en el caso del RETA, con carácter general, al autónomo le corresponderán 661,08 euros (el 70% de la base mínima genérica, que es de 944,40 euros).

En los casos en los que, si tenga cubierto el periodo de carencia, la cuantía económica se calculará de acuerdo a lo establecido por el artículo 339 TRLGSS, es decir, que le corresponderá el 70% de la base reguladora. Esta base reguladora será el promedio de las bases por las que se ha cotizado durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de actividad (coincidente, por ende, con el periodo de carencia).

Se trata pues de una prestación excepcional y autónoma, separada, por tanto, en algunos puntos, de la prestación regulada en la legislación general de Seguridad Social.

3. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

En caso de que el autónomo tuviera un descubierto en el momento de presentar la solicitud, la Entidad Gestora activará el mecanismo de invitación al pago. Lo dispuesto en este artículo 330 del TRLGSS se replica literalmente en el artículo 17.1 c) RDL 8/2020, no supone regulación nueva.

III.- Características de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

a) Fuerza mayor: Cuando el trabajador autónomo se ha visto obligado a cerrar su negocio por estar incluido entre las restricciones del RD 463/2020, se nos plantea un escenario inmediato y automático.

Inmediato: Los afectados por el RD 463/2020, de 14 de marzo, van a poder solicitar la prestación, con efectos retroactivos al 16 de marzo.

Automático: Es automático porque bastará con acreditar estar dentro del elenco de actividades que se ordena paralizar su actividad y que aparecen recogidas en el RD 463/2020.

b) Reducción facturación: El artículo 17 RDL 8/2020 recoge una segunda opción, consistente en la reducción de la facturación en un 75%.

A diferencia de la anterior, esta se caracteriza por ser diferida y documentada.

Diferida: Es diferida porque pocas empresas – por no decir casi ninguna – podrán solicitarla en marzo, habida cuenta de que la situación en el mes anterior – febrero – estaba marcada por una actividad productiva estable. Esta situación está articulada para situaciones largas o en las que se produzca una prórroga del estado de alarma más allá de lo dispuesto actualmente.

Documentada: Es documentada en el sentido de que el autónomo tendrá que presentar una serie de documentos acreditativos para apreciar una facturación significativamente muy inferior al promedio de los últimos 6 meses.

IV- Dies a quo y dies ad quem de la prestación.

El dies a quo viene determinado por el día de la entrada en vigor del RD 463/2020, por lo que desde ese momento se pueden retrotraer los efectos de la prestación.

El dies ad quem es cierto, aunque puede prorrogarse si existiera una prórroga del inicial plazo del estado de alarma. La posibilidad de solicitar la prestación es de 1 mes, es decir, hasta el 14 de abril de 2020. En el caso de prórroga, el dies ad quem concluirá el último día del mes en el que se declare la finalización del estado de alarma (si sucede el 14 de abril, se podrá solicitar la prestación hasta el día 30 de abril).

Esta previsión se aleja de lo preceptuado en el artículo 338 TRLGSS puesto que estos cierres se consideran hechos puntuales derivados de la coyuntura en tanto en cuanto dure un estado de alarma que se presume perecedero.

En este sentido, la prestación pretende cubrir un periodo sin actividad como consecuencia del “coronavirus”, pudiendo obtener una renta de sustitución durante el mismo y con la previsión de que, se pueda volver a retomar la actividad posteriormente. Por este motivo, en principio la duración de la prestación es de 1 mes, prorrogable en función de la duración del estado de alarma.

V.- Otras especialidades e incongruencias con el TRLGSS.

 Lo dispuesto en el RDL 8/2020, inactiva lo establecido en el artículo 338.4 TRLGSS, puesto que las cotizaciones correspondientes a este periodo (que deberá de efectuar la Entidad Gestora) “no reducirán los periodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro”.

 Por último, una de las mayores incongruencias, a priori vistas, en este RDL 8/2020 (artículo 17.4.) respecto a lo dispuesto en el TRLGSS; es la incompatibilidad de la prestación con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.

El artículo 342 TRLGSS permite la compatibilidad de la prestación por cese de actividad con cualquier otra que también lo sea con el trabajo que se venía desarrollando con anterioridad.

1. La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así como con el trabajo por cuenta ajena.

Podría ser el caso de un trabajador autónomo que cesa su actividad y, a su vez, está cobrando una pensión de viudedad. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 342 TRLGSS la pensión de viudedad es compatible con la prestación genérica por cese de actividad, pero según lo dispuesto en el artículo 17.4 RDL 8/2020, no es compatible, primando lo establecido por esta regulación excepcional y limitada en el tiempo.

El artículo 343 TRLGSS establece una serie de presupuestos para la compatibilidad de la prestación por cese de actividad con las contingencias de maternidad/paternidad/IT. Esta regulación general parte de la base de una duración mínima de 4 meses para la prestación de cese de actividad, frente a la duración de 1 mes recogida en el RDL 8/2020 destinada a cubrir temporalmente la ausencia de rentas por el “coronavirus”.

A este respecto, una trabajadora de baja por maternidad tiene cubierta la situación por una prestación económica que se integra con el 100% de la base reguladora. Una vez acabada la misma – se entiende – que no podrá solicitar la prestación por cese de actividad regulada en el artículo 17 RDL 8/2020, aunque el artículo 343.2 TRLGSS sí que lo permita.

 

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