El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al igual que lo hacía la semana pasada durante el transcurso de una videoconferencia celebrada en el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), ha manifestado este martes durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, su compromiso y apuesta firme por la mediación y los acuerdos extrajudiciales para rebajar los niveles de litigiosidad existente en España, agudizados, aún más si cabe, por la actual crisis sanitaria, económica y social que padecemos.
Preguntado por los planes del Ejecutivo para impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos, Campo subrayaba las ventajas de apostar por los mismos, lo que a su juicio conllevaría “mayor agilidad, menor coste económico y personal”, además de que contribuiría a “descongestionar la carga de trabajo de los tribunales” evitándose “la saturación en los juzgados”. Igualmente, advertía de que “la Administración de Justicia no es el único método de resolución de esos conflictos”, añadiendo que, “una sociedad madura necesita mecanismos alternativos para evitar ese plus de conflictividad que genera la entrada en la Administración de Justicia”.
En la misma línea, reconocía, que aunque este mecanismo de buscar el acuerdo extrajudicialmente tiene “arraigo” en nuestro país, “no termina de afianzarse en él”. De hecho, ya lo recalcó en el CICAC la pasada semana, sobre el propósito de su departamento de potenciar y promocionar institucionalmente la herramienta de la mediación, instando a reactivar el Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación aprobado en enero de 2019.
Asimismo, preguntado por senador del Partido Nacionalista Vasco Imanol Landa, e instando por el mismo a seguir el ejemplo del País Vasco donde desde 2007 se impulsa la justicia restaurativa, el Ministro sevillano ha manifestado que “la justicia penal es la que más tensión genera”, por lo que es en este ámbito donde cree que la justicia restaurativa o reparadora tiene “un enorme camino por desarrollar”, remarcando su intención de apostar por su inclusión en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por último, reconocía los “importantísimos esfuerzos” asumidos en el País Vasco y Navarra por su apuesta firme por estos métodos alternativos de resolución de conflictos, además de expresar su apoyo e interés, en visibilizar el papel de las víctimas, consciente igualmente, de que son “las grandes olvidadas del proceso penal”.
