- El pasado 8 de mayo se presentó una querella contra el Gobierno secundada por 3.268 personas, familiares de fallecidos por la pandemia de la Covid-19 encuadrados dentro de una plataforma de afectados. Se acusa al Ejecutivo de un número indeterminado de delitos, entre los que destaca el de homicidio por imprudencia grave.
“Los querellados son los 23 integrantes del Consejo de Ministros de España”, según consta en el escrito de acciones. En el mismo se hace patente la dejadez de funciones y negligencia del Gobierno, haciendo constar que el pasado 31 de enero de 2020 la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional. A su vez, ese mismo día dos ciudadanos chinos en la ciudad de Roma se contagiaron del virus y el Ejecutivo hizo caso omiso, ocultando la información a la ciudadanía.
El 24 de enero D. José Antonio Nieto, a la sazón jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, emitió un informe dando fe del riesgo inminente de pandemia al Ministerio del Interior, a lo que el Gobierno hizo caso omiso. Más tarde, Nieto fue destituido por Grande-Marlaska.
Así, el 13 de febrero, una vez declarada la emergencia sanitaria por la IMS el 30 de enero, el Director del Centro de Coordinación y Alertas del Ministerio de Sanidad Fernando Simón, declaró: “En España no hay coronavirus y por tanto no hay riesgo de infectarse, ….se está generando una ansiedad social que está un poco fuera de lo razonable…. en España no se ha producido ningún caso de transmisión del virus porque los pacientes que hay actualmente, se contagiaron en otros países. Por tanto, no tenemos coronavirus y no hay riesgo de infectarse, y mucho menos, de las personas a las que hoy se les ha dado el alta porque hemos comprobado que no tienen virus”.
A finales de febrero la OMS ya había contabilizado 83.396 contagiados, de los cuales 815 eran ciudadanos europeos.
A lo anterior se suma que el Gobierno no sólo hizo caso omiso ante el riesgo inminente de contagio, sino que alentó a la ciudadanía para que asistiera a multitud de concentraciones y manifestaciones, como todos es sabido, como la del 8-M.
Fue el día 11 de marzo de 2020 cuando la OMS declaró la Pandemia. Su director, Tedros Adhanom recordó “a todos los países la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus Covid 19. Aconsejamos que estén en permanente contacto con su población de riesgo y les alerten de cómo pueden protegerse. También deben localizar, aislar y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid 19, siguiendo su contacto”. A pesar de ello, el Gobierno siguió inactivo y no fue hasta el 14 de marzo de 2020 cuando por fin se adoptaron medidas, entre las que destaca la declaración del estado de alarma. Curiosamente, fue a partir de ahí cuando se desplegó una descontrolada actividad normativa, pasando de la inactividad a un torrente de decretos de carácter reactivo.
Todo lo anterior vendría a abundar en la irresponsable y negligente inacción y actuación tardía de los querellados, por lo que se le acusaría de un delito de homicidio imprudente previsto en el artículo 142.1 del Código Penal.
La querella criminal, interpuesta en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, ya ha sido aceptada vía Lexnet, según fuentes consultadas. En cambio, aún no sabemos si será, finalmente, admitida a trámite por nuestro TS.
Entre los firmantes de esta querella se encuentran los letrados Emilia Zaballos, José Ignacio Sánchez Rubio, Esteban Gómez Rovira, Carlos Bacaicoa, Alberto Enrique Arnau, Carolina Rivas, Tulio García, Raquel Sánchez Navarro y Jesús Monte Villén, entre otros.
