Incidencia del COVID-19 en todas las áreas de nuestra sociedad y repercusión laboral

Incidencia del COVID-19 en todas las áreas de nuestra sociedad y repercusión laboral
Foto de archivo de Dña. Concepción Morales, magistrada del TSJ Madrid a la derecha, junto con Magnolia Fernández directora de Informativo Jurídico a la izquierda, juntas en el Congreso de Criminología Prospectiva organizado por UDIMA, el pasado 21 y 22 de noviembre de 2019 en Madrid.
Es obvio que tanta creación y elaboración normativa, sin precedentes, genera incertidumbre e inseguridad jurídica a todos los operadores jurídicos, y especialmente en el orden social, a los Letrados y a los Graduados Sociales, que tienen la difícil tarea de asesorar «sin red», si me permites la expresión, a los trabajadores, a los empresarios y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y sus decisiones serán objeto sin duda y en un futuro mediato de una respuesta judicial, por lo que auguro, desde el punto de vista estrictamente jurídico COVID-19, para rato.

Artículo de Concepción Morales Vállez, jurista ganadora de los Premios Economist & Jurist en la I y en la II edición de 2017 y 2018 respectivamente.

 

Madrid, 24 de marzo de 2020

Cuando Magnolia Fernández me propuso una entrevista la materia que debíamos abordar era la inminente reforma laboral, pero los acontecimientos han dado un giro inesperado y el tema que tiene una absoluta actualidad es la incidencia del COVID-19 en todas las áreas de nuestra sociedad y como no su profunda repercusión laboral lo que me ha llevado a hacer estas reflexiones ya que no hemos podido celebrar en persona la entrevista acordada.

El primer lugar, la incertidumbre generada entre todos los operadores jurídicos con la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, declaración cuasi inédita en nuestro país, pero claramente indispensable ante esta situación critica, grave, anómala y excepcional, situación que ha motivado múltiples reformas normativas por la via de urgencia, para adaptarse a un escenario complejo y de una dimensión social y jurídica que, claramente, nos desborda.

En cuando a las personas trabajadoras, la situación inicial se vio paliada con el artículo 5 del RDLey 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, relativo a la consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19, de modo que con el objeto de proteger la salud pública, tienen la consideración, con carácter excepcional, de situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos períodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.

Pero este artículo 5 del RDLey 6/2020, de 10 de marzo, ha precisado, hasta el momento de tres aclaraciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, plasmadas en los criterios 2/2020, 3/2020 y 4/2020, de fechas 16 de febrero, 9 de marzo y 12 de marzo, lo que pone en evidencia su complejidad desde el punto de vista de su aplicación práctica y de adaptación a la realidad material que subyace en cada uno de los supuestos concretos en los que ha de ser aplicada.

En cuanto a los empresarios, en primer lugar, me gustaría indicar que según el DIRCE a fecha 01/01/2019, el 99,9% de las empresas en España son PYMES (entre 0 y 249 asalariados), de modo que las medidas a adoptar por el ejecutivo necesariamente se tienen que encaminar en garantizar su supervivencia, y para ello debe dotarlas de mecanismos ágiles para reestructurar sus plantillas y organizar la escasa actividad productiva que un estado de alarma como el decretado subsiste, y si ya he dicho que las personas trabajadoras no pueden asumir ese gasto o coste, considero que las empresas y los trabajadores por cuenta propia o autónomos tampoco deben asumirlo, y necesariamente el gasto debe ser socializado, de forma amplia y sin trabas administrativas, para ninguno de ellos.

La excepcionalidad de la situación que vivimos la hace merecedora de la calificación de “fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo”, figura expresamente prevista en el Estatuto de los Trabajadores, con un procedimiento administrativo ante la Autoridad laboral muy sencillo, que se contiene en el artículo 51.7 del Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones de desarrollo reglamentario, y cuya constatación por parte de la Autoridad laboral creo que deviene innecesaria dada la notoriedad de la situación.

En definitiva, me parece innecesario, desacertado y contraproducente que las empresas tengan que recurrir a complejos procedimientos de negociación para la suspensión del contrato o la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, y por ello soy muy crítica con la “aparente” flexibilización del procedimiento que se contiene en el RDLey 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Por lo demás, hemos de indicar que la Dirección General de Trabajo ha hecho públicos dos criterios interpretativos sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19, con fechas 12 y 19 de marzo.

Y finalmente, en cuanto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con o sin personal a su cargo, y estos últimos según el DIRCE a fecha 01/01/2019, supone el 56,0% de nuestro tejido empresarial, es urgente y necesario acometer un paquete de medidas específicas que garanticen su viabilidad y subsistencia en el futuro, y las medidas adoptadas por el ejecutivo se limitan a exonerarles de pagar cotizaciones a la Seguridad Social, y a garantizarles una prestación extraordinaria por cese de actividad, cuya acreditación documental no es sencilla, y cuya prestación no es elevada (mínimo de 661 €), que no garantiza la subsistencia del autónomo y de la familia que, en su caso, sustenta.

El artículo 17 del RDLey 8/2020, de 17 de marzo, que es el que regula esta prestación extraordinaria por cese de actividad ha precisado, hasta el momento, de una aclaración de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, plasmada en el criterio 5/2020, de fecha 20 de marzo.

Para terminar, y bajo el lema del ejecutivo «este virus lo paramos unidos», es obvio que tanta creación y elaboración normativa, sin precedentes, genera incertidumbre e inseguridad jurídica a todos los operadores jurídicos, y especialmente en el orden social, a los Letrados y a los Graduados Sociales, que tienen la difícil tarea de asesorar «sin red», si me permites la expresión, a los trabajadores, a los empresarios y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y sus decisiones serán objeto sin duda y en un futuro mediato de una respuesta judicial, por lo que auguro, desde el punto de vista estrictamente jurídico COVID-19, para rato.

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