El Supremo sobre la facultad de corregir moderadamente a los hijos #CompartirConocimiento

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo falla desestimando el recurso de casación
El Supremo sobre la facultad de corregir moderadamente a los hijos #CompartirConocimiento
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Patricia Pernia Sanz

Colaboradora de la Redacción Editorial

@PatriciaPernia7

El 2 de agosto de 2016 se dictó sentencia contra D. Pedro Miguel por un delito de lesiones en el ámbito familiar que fue recurrida en apelación con sentencia en fecha el 3 de febrero de 2017, en base a las actuaciones presentes en la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Barcelona.

De los hechos extraemos que D. Pedro Miguel, sin antecedentes penales, y padre de Avelino, menor de 15 años, el día 13 de julio, encontrándose ambos en el domicilio familiar, discutió con éste y con ánimo de menoscabar su integridad física, le asestó una bofetada en la cabeza. Fruto de estos hechos, Avelino sufrió diversas lesiones que requirieron de una primera asistencia facultativa y 5 días no impeditivos.

La Audiencia de instancia desestimó el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Pedro Miguel contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de DIRECCION000 en fecha de 2 de agosto de 2016.

Una vez notificadas las partes, se elaboró el recurso de casación por infracción de ley, precepto constitucional y quebrantamiento de forma. Remitiéndose este a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La representación del recurrente fundamenta su recurso en infracción de ley e interés casacional (porque existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales), al amparo de lo dispuesto en el artículo 849.1º y 899.2 LECrim, por infracción de los artículos 153.2 y 3 del Código Penal.

La Sala admitió el recurso, quedando ultimados los autos para el señalamiento del fallo.

El problema que plantea la resolución es si las acciones realizadas por D. Pedro Miguel entran dentro del derecho de corrección que ostentan los padres sobre sus hijos, y si en el supuesto concreto su conducta merece o no reproche penal.

En primer lugar, sobre el artículo 154 del C. Civil, cuando se establece que se habrá de `recabar el auxilio judicial´, muchos autores consideran innecesaria tal actuación para solucionar los pequeños problemas domésticos. Y en la misma línea, otros autores deducen el derecho de corrección como consecuencia del deber de educación reconocido por el art. 39.2 CE y que persiste en el art. 154.1 del C. Civil tras la reforma. En consecuencia, D. Pedro Miguel entiende que su conducta no es subsumible en el delito de lesiones en el ámbito familiar, al considerar que hay una ausencia de dolo en su comportamiento, pues su intención no era la de menoscabar la integridad física de su hijo, sino tratar de corregir su comportamiento irrespetuoso y rebelde. No quedando acreditado el animus laedendi por parte del recurrente, no existiendo dolo, siendo un hecho puntual, considera el mismo que no merece reproche penal y justifica la impunidad en el principio de intervención mínima.

En segundo lugar, y en respuesta a lo anterior, el tribunal plantea que la posibilidad de corregir de los padres siempre estará supeditada a la proporcionalidad, razonabilidad y moderación. De modo que si en tiempos pasados se entendían adecuados ciertos castigos físicos, actualmente las cosas han cambiado. Son los profesionales de la educación los que acuerdan que los castigos físicos ni son pedagógicos ni sirven para evitar malos comportamientos, todo lo contrario, extienden y perpetúan conductas violentas. En este sentido, no se puede considerar el uso de la violencia para fines educativos.

En conclusión, el derecho de corrección es una facultad inherente a la patria potestad, pero esta debe ser entendida junto con el deber de obediencia de los hijos hacia sus padres. Esta Sala Segunda dispone que los comportamientos violentos que ocasionen lesiones – en el sentido jurídico-penal – no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección.

Por último, en relación con el alegado principio de intervención mínima del derecho penal, se hace mención de la STS 1484/2004, recordando que:

«En todo caso, se debe señalar que el principio de mínima intervención no es un principio de la interpretación del derecho penal, sino de la política criminal y que se dirige fundamentalmente al legislador. Se trata de un principio que en el momento de la aplicación del derecho penal se refleja en la posibilidad de una interpretación estricta de la ley penal, que, en el momento actual, significa que el principio de legalidad excluye la generalización del contenido del texto legal basado en la extensión analógica del mismo. El derecho penal vigente no contiene la posibilidad de excluir por razones de oportunidad los hechos de poca significación, lo que, en este caso, ni siquiera se podría plantear.»

 

Por todo lo anteriormente planteado, el Tribunal Supremo falla, desestimando el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Sección Vigésima de la Audiencia Provincial de Barcelona.

 

 

Fuente institucional: CENDOJ

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