El párrafo primero del artículo 454.bis.1 LEC declarado inconstitucional #CompartirConocimiento

El Tribunal Constitucional mantiene la coherencia con la línea marcada en las Sentencias 58/2016, 72/2018 y 34/2019 y establece la inconstitucionalidad de este precepto
El párrafo primero del artículo 454.bis.1 LEC declarado inconstitucional #CompartirConocimiento
Tribunal Constitucional

Mª Carmen Salguero Guzmán

Colaboradora de la Redacción Editorial

@MCarmenSalguer1

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 454.bis, párrafo primero, de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en la redacción dada por la Ley 3/2011, de medidas de agilización procesal.

El artículo en cuestión establece que “Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión, necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se dicte la resolución definitiva para que se solvente en ella.”

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos y que se dictó el 28 de enero de 2020, viene a raíz de una cuestión interna de inconstitucionalidad surgida en el trascurso del recurso de amparo núm. 5661-2017 que había sido admitido por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional.

En el caso en concreto se plantea un recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por considerar la parte recurrente que se está impidiendo el control judicial efectivo de determinadas decisiones del Letrado de la Administración de Justicia.

La parte actora fundamenta su recurso en la doctrina constitucional establecida en la STC 58/2016, de 17 de marzo, que declaró la inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 102.bis.2 de la LJCA que contenía una redacción similar a la del art. 454.bis.1 LEC cuando establecía que “Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”.

En la misma línea que los recurrentes se pronuncia la Fiscalía General del Estado, mediante el escrito en el que planteó sus alegaciones, al concluir que interesa que se declare la inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 454.bis LEC y considera que “por razones de coherencia con lo resuelto en las SSTC 58/2016, 72/2018 y 34/2019, hasta que el legislador proceda a modificar el precepto, deberá acordarse por el Tribunal que es procedente el recurso directo de revisión contra el decreto del Letrado de la Administración de Justicia a que se refiere el artículo 454 bis de la LEC”.

Efectivamente, en coherencia con la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal Constitucional mencionadas se debe concluir que también el artículo en cuestión en este caso debe ser declarado nulo y así lo entiende el Pleno.

En el fundamento jurídico segundo de la sentencia, se realiza una exposición de esta doctrina:

1º El Tribunal Constitucional ya había concluido que no plantea dudas la opción que toma el legislador con el diseño que otorga a la oficina judicial española en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, al establecer un reparto de la toma de decisiones entre jueces y magistrados y letrados de la Administración de Justicia. Así, quedan reservadas las cuestiones que puedan afectar a la función jurisdiccional a jueces y magistrados (función constitucionalmente atribuida de manera exclusiva a ellos en el art. 117.3CE) y aquellas cuestiones procesales que no tienen carácter jurisdiccional quedan atribuidas a los letrados de la Administración de Justicia en su función de directores de la oficina judicial.

2º El papel preeminente que ocupa el juez o tribunal, titular de la potestad jurisdiccional, con respecto al que ocupa el letrado de la Administración de Justicia que actúa como apoyo a los primeros, debe llevarnos a la conclusión de que debe garantizarse que toda resolución de este último pueda ser sometida al control de los primeros. Esta afirmación se deriva del derecho a la tutela judicial efectiva establecida en el art. 24.1 CE y de los textos internacionales sobre derechos fundamentales y libertades ratificados por España.

En el fundamento jurídico séptimo de la STC 58/2016, se dice sobre lo expuesto en el párrafo anterior que “el derecho fundamental garantizado por el art. 24.1 CE comporta que la tutela de los derechos e intereses legítimos de los justiciables sea dispensada por los Jueces y Tribunales, a quienes está constitucionalmente reservada en exclusividad el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). Este axioma veda que el legislador excluya de manera absoluta e incondicionada la posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia resolutorios de la reposición, como acontece en el cuestionado párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA. Entenderlo de otro modo supondría admitir la existencia de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que no se compadece con el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Por tanto, la aplicación de esta jurisprudencia lleva a concluir que el art. 454.bis.1 LEC “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ya que ha creado un régimen de impugnación de las decisiones de los letrados de la Administración de Justicia generador de un espacio inmune al control jurisdiccional”.

Establece el Tribunal una previsión final a tener en cuenta en tanto el legislador actúe al respecto, indicando que “el recurso judicial procedente frente al decreto del letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio artículo 454 bis LEC”.

Fuente institucional: Tribunal Constitucional

 

 

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