Antonio Alberca, presidente de la Unión de Abogados Española (UAE), ha presentado una carta dirigida a Pedro Lescure, director general del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) con la finalidad de requerir a los miembros de la Junta de Gobierno que contrataron a Trocadero Comunicación S.L.
Dicha misiva comunica que “En mi nombre, como colegiado del ICAM [Colegio de Abogados de Madrid] y en el de la de la Unión de Abogados Españoles, le vengo a solicitar que, como Director General del ICAM, requiera a los miembros de la Junta de Gobierno responsables de la irregular contratación de Trocadero Comunicación, S.L., a los efectos de que reintegren al Colegio las cantidades abonadas a dicha mercantil, resarciendo así a la corporación de los perjuicios ocasionados , y así mismo de cuenta a las autoridades de los anteriores hechos con copia del informe de la Señora Tesorera y copia del expediente de contratación de la entidad Trocadero Comunicación, S.L., por si fuesen constitutivos de conducta delictiva”.
Detallan que dicho requerimiento pretende resarcir al Colegio de Abogados por los perjuicios ocasionados por la mercantil, propiedad de Alfonso Merlos.
Alberca, acusa al ICAM por su falta de transparencia y dispone que “Si bien parece ser que la Junta de Gobierno acordó en su momento contratar al señor Alfonso Merlos para la dirección del departamento de comunicación, finalmente se acabó haciéndolo con la sociedad, Trocadero Comunicación, S.L., pagándose además unos emolumentos absolutamente desproporcionados y fuera de precio de mercado”.
Asimismo, Antonio Alberca, en representación de la UAE insta a Lescure a informar a las autoridades sobre lo sucedido, por si ello pudiese derivar en alguna conducta constitutiva de delito. En ese sentido, aconseja adjuntar una copia del informe realizado por la tesorera del ICAM, así como del expediente de contratación de Trocadero Comunicación S.L.
Finalmente, se pronuncia acerca del informe realizado mencionado con anterioridad, “Un informe de la propia tesorera del ICAM y miembro de su Junta de Gobierno, doña Mabel Zapata, habría puesto en evidencia la irregularidad de la operación y los perjuicios de carácter fiscal que se pueden derivar hacía el colegio, según se ha publicado. Sin embargo, el Decano y el resto de la Junta de Gobierno callan, no dando explicaciones acerca de tan escabroso asunto, sin duda el más escandaloso de la reciente historia de tan centenaria institución”.
