El Tribunal Supremo (TS) confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña e inadmite el recurso de casación que presentó un despacho de abogados. El despacho quería cobrar 300.000 euros a dos asociaciones de transporte, pero la Audiencia les obligó a rebajar esta cuantía a 19.575 euros.
La Federación Gallega de Servicios de Transporte de Autobús (Fegabus) y la Federación Gallega de Transporte de Viajeros (Fegatravi) consultaron a un despacho de A Coruña sobre una sentencia del TS. Ésta trataba sobre los plazos y prórrogas de las concesiones de transporte de viajeros en Galicia, por lo que ambas asociaciones pidieron asesoramiento jurídico sobre ello al despacho de abogados.
Sin embargo, ya en su sentencia, la Audiencia Provincial apuntaba que llamaba “la atención” que en ningún momento se hubiera informado previamente a Fegabus y Fegatravi “del importante coste que tendrían que asumir”. Estos deberían haber sido avisados de la cuantía, “aunque fuese de forma aproximada u orientativa”.
FACTURA “DESPROPORCIONADA”
Primero, en relación con los “honorarios variables” que reclama el bufete a sus clientes por las horas de trabajo, el TS puntualiza que la Audiencia no los admite. De esta manera, “excluye la partida correspondiente a trabajos cuya realidad no se ha probado o aquellas partidas que se han duplicado”.
También, sobre los costes de asesoramiento de los abogados, subrayan que la facturación de 300 euros por cada hora de trabajo es totalmente “desproporcionada”. Además, el tribunal explica que si no se fijan previamente cuáles serán los honorarios de los abogados, se deberán concretar por “la costumbre y uso del lugar, como la ponderación mediante un criterio de prudencia y equidad”.
Por tanto, “habría que afirmar que se están manejando cifras que no se acomodan a los usos y prácticas de la abogacía en la ciudad de A Coruña, y podría decirse que en toda la comunidad autónoma gallega”. Puesto que la cifra requerida es muy excesiva al no ser habitual en Galicia que los bufetes de abogados emitan facturas por unidades de tiempo. Y, según afirma la Audiencia Provincial “cifras como 3.600 euros por mantener tres reuniones de trabajo (aunque una sea en festivo) o 3.000 euros por contestar correos electrónicos, nunca se han visto”.
Por otro lado, es importante señalar que el trabajo que solicitaban las asociaciones no se refería a interponer ningún recurso por parte de los abogados. Sino que “era una cuestión política, de convencer a la Administración”.
Por ello, el tribunal considera que las cantidades, además de pretender cobrarlas “sorpresivamente, sin ningún tipo de advertencia previa al cliente”, están absolutamente “fuera de lugar”. De hecho, apuntan que si Fegabus y Fegatravi hubieran sabido la cifra a la que ascendería la factura “no los hubieran contratado, se habrían ido a otro despacho”.
