Luis María Díez-Picazo Giménez, magistrado del Tribunal Supremo desde 2008, al que accedió por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia y presidente de la Sala Tercera desde septiembre de 2015, según se lo ha hecho saber a su círculo íntimo, no se presentará a la reelección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, terminando así su mandato el próximo 2 de septiembre.
Ya a mediados del pasado mes de mayo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puso en marcha la renovación de las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo, correspondientes a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Militar. La razón de estas vacantes se deben a distintas motivaciones: en el caso de la Sala Tercera que ocupa Díez-Picazo, por vencimiento de su mandato; mientras que en los otros dos supuestos, obedecen a la jubilación de los Magistrados titulares, Jesús Gullón Rodríguez al frente de la Sala Cuarta y de Ángel Calderón Cerezo en la Sala Quinta.
A pesar de que aun el propio Díez-Picazo no lo ha confirmado ni desmentido públicamente, todo apunta a que el que sucediera a José Manuel Sieira Míguez en 2015, obteniendo 12 de los 21 votos del pleno del CGPJ, dejará vacante la presidencia de la Sala Tercera del Supremo.
Fruto de ello, ya han empezado a sonar nombres de posibles candidatos. Entre ellos, Eduardo Calvo Rojas, Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, César Tolosa Tribiño o Pilar Teso Gamella. Como es sabido, los aspirantes al cargo deberán ser magistrados del Tribunal Supremo en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales y que, en la fecha en que se produzca la vacante, hayan prestado un mínimo de tres años de servicios en la categoría, según establece el art. 342 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Quizás sería precipitarse, pero es una idea extendida y que parece tener cierto consenso, es la de que el sucesor del madrileño Díez-Picazo proceda de la Carrera Judicial, y no un miembro del “quinto turno” por la habilitación de la vía del art. 343 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual faculta que “en las distintas Salas del Tribunal, de cada cinco plazas de sus Magistrados, cuatro se proveerán entre miembros de la Carrera Judicial con diez años, al menos, de servicios en la categoría de Magistrado y no menos de quince en la Carrera, y la quinta entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia”.
