El pasado domingo, Telecinco estrenó los dos primeros capítulos de la ‘docuserie’: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘; en la que Rocío Carrasco volvió a sentase frente a las cámaras 25 años después para contar la que, según ella, es la verdadera historia de su vida. Este documental no solo ha dado un vuelco al mundo del corazón sino también a los audímetros en España. Cosechó un espectacular 33,2 % de share y propició que 3,7 millones de espectadores se pegaran a la pantalla para seguir en directo el programa.
Pero el éxito, del estreno consiguió arrastrar también a los programas ‘Socialité’ y ‘Viva la vida’, alzándose con máximos anuales de audiencia con un 19,1 % y 16,3 % de cuota de pantalla, respectivamente. Pero la cosa no se quedó ahí, y es que la confesión de la hija de Rocío Jurado arrasó también en redes sociales e hizo que, hasta un miembro del Gobierno, Irene Montero, Ministra de Igualdad, escribiera varios tuits en favor de Carrasco. Y entrara en directo el lunes en ‘Sálvame’ para apoyar a Rocío Carrasco como supuesta víctima de violencia machista.
Presunción de inocencia
Y es ahí donde comienza la polémica. Las graves acusaciones que la hija de la cantante fallecida vertió sobre su expareja Antonio David Flores han causado un grave revuelo entre los que apoyan su versión y los que defienden que la culpabilidad de Antonio David la tiene que esgrimir un juez y no una tertulia televisiva. La ministra Montero se encuentra en el primer grupo, y eso ha provocado que sean ya dos, las asociaciones que la han denunciado ante la Comisión Europea por, supuestamente, vulnerar el derecho a la presunción de inocencia de Antonio David Flores.
Han sido la Asociación de Custodia Compartida de Alicante (ACCA) y la Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género-Madrid (GENMAD). Ambas entidades se refieren en sus denuncias a los tuits publicados por la ministra la noche del domingo, saltándose el artículo 4.1 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 9 de marzo de 2016. Dicho artículo defiende que: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable».
Irene Montero escribió en referencia al testimonio de Rocío Carrasco que se trataba «del de una víctima de violencia de género» y, por lo tanto, declaraba culpable a Antonio David Flores. «La Directiva Europea -aclaran desde las asociaciones demandantes- es clara respecto a las declaraciones realizadas por autoridades públicas, y una ministra del Gobierno de España claramente lo es». Además, critican que Irene Montero, lejos de retractarse de sus declaraciones, se reafirmó apareciendo al día siguiente en un programa de televisión de máxima audiencia vertiendo las mismas acusaciones.
Acusación sobreseída
La Directiva impone la obligación a las autoridades para que «no se refieran a la persona como culpable», de modo que se ha violado la Directiva 2016/343 «cuando se ha presentado como víctima de un delito de malos tratos a una persona que ningún tribunal ha declarado que sea víctima de ese delito. Por el contrario, se ha sobreseído la acusación. Presentar a esa mujer como víctima significa presentar a su exmarido como culpable, hasta el punto de que ha causado su despido laboral».
Veremos si la denuncia finalmente tiene recorrido o si la propia Irene Montero se retracta de sus acusaciones. Desde ambas asociaciones siguen adelante, defendiendo que «No podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales».
