En el día de ayer, el actual Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparecía en la Comisión de Justicia del Senado para exponer las líneas generales del proyecto que llevará a cabo su departamento durante la legislatura, para la reconocida por el mismo como, fundamental y “obligada rendición de cuentas parlamentaria” sobre la gestión del Ministerio de Justicia durante la crisis generada por el COVID-19, y para referirse al programa #Justicia2030, proyecto en el que trabaja su departamento para transformar y reforzar el servicio público, en un horizonte de una década.
Desde el inicio de su intervención llamaba a la lealtad, al diálogo, a los “compromisos recíprocos” y al consenso de todas las fuerzas políticas, dejando atrás “las inercias partidistas y diálogos sordos”, con el objetivo de aprovechar el “impuesto reformista” que impone la actual crisis, y así conseguir un consenso sólido y estratégico en el servicio público de la Justicia.
“Reafirmo una certeza que ya tenía cuando otros eran los que gobernaban; sin el esfuerzo conjunto, nunca seremos capaces de colocar a la administración de justicia en el lugar que merece en una sociedad avanzada”.
En relación a la “Hoja de ruta COVID-19” seguida para salir de la crisis y favorecer la pronta recuperación social y económica, subrayaba Campo que “el ministerio ha trabajado con celeridad y planificación”, apostando en todo momento por la “cogobernanza”, garantizándose así, que todas las actuaciones llevadas a cabo por su departamento y las más de 40 resoluciones dictadas para garantizar el funcionamiento del servicio público, han sido “consultadas, adaptadas y ajustadas” en las 25 reuniones virtuales compartidas hasta la fecha, y con el único objetivo de dar una respuesta “común y contundente” a la crisis.
La actuación del Ministerio de Justicia durante este periodo excepcional no se ha parado, garantizando y habilitando sistemas de teletrabajo para cerca del 80% de la plantilla. De igual forma, señalaba el ministro, que desde el inicio de la crisis, se han dictado 11.496 resoluciones de expedientes de nacionalidad por residencia, 354 resoluciones de indulto denegatorio, y se han dictado 23.756 certificados de últimas voluntades y 15.891 certificados de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. Además, se ha asegurado la actividad notarial y registral en todas aquellas cuestiones más urgentes e impostergables para contribuir a la agilización de la actividad económica. Asimismo, durante este periodo, el número de escrituras autorizadas y pólizas intervenidas ha superado las 135.000.
Respecto a los posibles efectos de la actual crisis, el ministro informó sobre sus previsiones y el consecuente incremento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social, aumentando en el presente año hasta un 31%, llegando al 140% en 2021: más de un millón de nuevos asuntos. Respecto a los concursos de acreedores, se calculan que el incremento podría ser del 246% para el presente año, y del 619% para el 2021, es decir, de los casi 7.000 concursos presentados en 2019 pasaríamos a los 50.000 en 2021.
Por último, en el marco de #Justicia2030, sin olvidar el programa de transformación digital y organizativa de la Justicia, y de “convertir la dispersión tecnológica en un activo del sistema”, Campo informaba sobre el inicio del cometido en el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa, e insistía en avanzar hacia una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que posibilite y actualice las formas de investigación y enjuiciamiento penal. Igualmente subrayaba la necesidad de colocar a las víctimas de los delitos “en el centro de la agenda”, anunciando que Justicia potenciará las oficinas de asistencia a las víctimas y se redoblarán esfuerzos para atender a las mujeres que sufren la violencia de género.
