Esta organización judicial lleva en pie desde 1981, cuando fue aprobada la Ley Orgánica que la regula. Desde entonces, la labor del Defensor del Pueblo ha consistido en asesorar y defender los derechos de los ciudadanos. En esta publicación se tratarán algunos de los aspectos más relevantes de esta entidad.
¿Qué es el Defensor del Pueblo?
El Defensor del Pueblo se define como “el Alto Comisionado de las Cortes Generales”. Su objetivo es la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Esto lo hace a través del control y la vigilancia de la actividad de las administraciones públicas.
El mandato de este órgano dura cinco años y las Cortes Generales (el Congreso de los Diputados y el Senado) son las encargadas de elegirlo. Para ello, es necesario una mayoría de tres quintos por parte de las Cámaras.
Si hay algo que caracteriza a esta institución es la independencia, la imparcialidad y la autonomía. Es decir, realiza sus labores sin recibir órdenes de ninguna otra entidad. Sin embargo, responde anualmente a las Cortes sobre su gestión a través de un informe. También puede presentar informes sobre asuntos que considere “graves, urgentes o que requieran especial atención”.
Algunos de los temas más recurrentes en estos informes son las residencias de mayores, los centros de protección de menores, la violencia machista, la discapacidad o los temas de materia migratoria, entre otros.
Al igual que otras instituciones es inviolable y tiene inmunidad en el ejercicio de su cargo, por lo que no está sujeto a responsabilidad penal por los actos que llevan a cabo mientras ejerza el cargo.
¿Qué hace y quién puede acudir al Defensor del Pueblo?
Cualquier ciudadano que lo necesite puede solicitar su ayuda, ya que es gratuita. El Defensor del Pueblo se encargará de investigar toda acción de la Administración pública o de sus agentes que considere que pueda ser irregular.
Además, según informa en su página web, “también puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento, aunque no se haya presentado queja sobre ellos”.
El Defensor del Pueblo tiene además las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Estas fueron atribuidas por las Cortes en noviembre de 2009.
Por esta razón, puede hacer “visitas preventivas a cualquier centro de privación de libertad”. Con ello pretende localizar problemas que puedan favorecer conductas de malos tratos. De estas visitas (ya han realizado unas mil) sacan conclusiones que incluyen en el informe anual presentado a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
Historia
El pasado 6 de abril se cumplieron 40 años desde la aprobación de la Ley Orgánica (3/1981) que la regula. La organización se define como pionera en “abrir debates” y considera que desde su creación se han obtenido mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.
Y es que desde 1981, el Defensor del Pueblo ha tramitado casi un millón de quejas. También ha redactado 60 informes y ha interpuesto 11 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, entre algunos de sus logros.
Actualmente, Francisco Fernández Marugán es el Defensor del Pueblo en funciones. Este cargo lo ejerce desde 2017, esperando que las dos principales fuerzas políticas del país (PSOE y PP) acuerden nombrar al próximo encargado.
Este puesto lo ha ocupado ocho defensores, tres de ellos en funciones:
- Joaquín Ruíz Giménez
- Álvaro Gil-Robles
- Margarita Retuerto (Defensora del Pueblo en funciones)
- Fernando Álvarez de Miranda
- Antonio Rovira (Defensor del Pueblo en funciones)
- Enrique Múgica
- Cava de Llano (Defensor del Pueblo en funciones)
- Soledad Becerril
- Francisco Fernández Marugán
