Ayer, el Parlamento Europeo (PE) comunicó que se le retiraba la inmunidad europarlamentaria a tres políticos independentistas huidos de la Justicia española. Ellos son Carles Puigdemont, expresidente catalán, y Toni Comín y Clara Ponsatí, dos ex consejeros.
Aunque la decisión llega ahora, el Supremo ya había planteado los tres suplicatorios al PE en enero del año 2020. El problema fue que la pandemia de la Covid-19 paralizó el proceso hasta el pasado noviembre. Hasta entonces, los servicios legales de la Eurocámara no aseguraron la confidencialidad de las sesiones de estos casos de manera online.
De esta forma, todas las inmunidades fueron aprobadas con similares votos. En el caso del expresidente catalán, se contó con 400 votos a favor, 248 en contra y 45 abstenciones. Los ex consejeros obtuvieron 404 votos a favor, 247 en contra y 42 abstenciones. Dichas votaciones fueron apoyadas por el PP, PSOE y C’s, mientras que Unidas Podemos, JxCat, ERC y Catalunya en Comú votaron en contra.
Además, aunque los tres han alegado siempre que el TS no es competente para juzgarles, el PE opina lo contrario. Considera que, al ser los hechos que se juzgan anteriores a que estos políticos asumieran su cargo y, además, no tener ninguna relación con su actividad europea, no deberían gozar de inmunidad. De esta manera, se confirma que esta inmunidad no es ningún privilegio personal de los diputados.
No obstante, Puigdemont ha anunciado que recurrirá esta decisión con una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
NO GARANTIZA LA ENTREGA
Sin embargo, la pérdida de la inmunidad no supone la ejecución de la euroorden de manera automática. Por lo tanto, no se producirá la entrega de los acusados a la Justicia española por el momento.
Aunque lo que sí ocurrirá será que se reactivaría de nuevo el caso en el Tribunal belga al haberse levantado la inmunidad, que debe decidir si ejecutará o no la euroorden (Orden Europea de Detención y Entrega). Pero esto sólo ocurrirá sobre Puigdemont y Comín, porque el caso de Ponsatí lo está tramitando un tribunal británico, ya que ésta se encuentra en Escocia.
DENUNCIA DE PRESIONES
Además, ya ante la aprobación del informe que solicitaba levantar la inmunidad de Puigdemont, Comín y Posantí del pasado 23 de febrero, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo denunció que había sufrido diversas presiones para no hacerlo. De hecho, según explicó, no eran “sólo las presiones, sino ataques personales, e informes en que se decían una sarta de mentiras brutales para intentar manchar la Presidencia de la Comisión”.
MINISTRO DE JUSTICIA
Durante la sesión en el PE sobre el asunto, el ministro de Justicia de España, Juan Carlos Campo, se reunía por videoconferencia con el ministro de Justicia de Bélgica. En esta reunión hablaron sobre la euroorden en general y los mecanismos que se necesitaban para garantizar su aplicación eficazmente.
En este sentido, le presentó a la fiscal Paloma Conde-Pumpido, nombrada el pasado diciembre como magistrada de enlace en el país belga. Esta figura de enlace se encarga de facilitar la cooperación judicial entre España y el resto de países europeos. También es responsable de prestar apoyo a las autoridades judiciales en las solicitudes de audio o reconocimiento mutuo.
En definitiva, pretende que se mejore el conocimiento de los diferentes sistemas jurídicos de los estados miembro, para que sea más fácil tomar las decisiones en asuntos de este tipo.
