La ONG Blueprint for Free Speech ha publicado una guía en español sobre las personas que denuncian la corrupción, con el propósito de protegerlas de forma legal de cualquier represalia que puedan sufrir. Y es que, actualmente en España no hay una normativa que proteja a aquellos que deciden avisar de las irregularidades que se producen en el país.
Por esta razón, la publicación de la ONG pretende servir de antecedente a la Directiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2019. Esta normativa ya imperante en la Unión Europa protege a las personas que informan a las autoridades sobre “infracciones del Derecho de la Unión”.
Esta ley se publicó el 26 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entró en vigor un mes después (17 de diciembre), concediendo a los 27 miembros de la Unión un plazo de dos años para acogerse a ella.
De esta forma, España tiene hasta el 17 de diciembre de este año para incorporar a la legislación la normativa conocida como “Whistleblower”. El pasado junio, Juan Carlos Campo (Ministro de Justicia) encomendó a la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación que comenzase a preparar la propuesta.
La Guía
Según defiende la Comisión Europea, los alertadores o denunciantes de corrupción son fundamentales en las diferentes investigaciones. Ayudan a los periodistas al acceso de información necesaria y a la posterior sanción de los corruptos. Sin embargo, debido a este trabajo, los alertadores pueden contraer problemas de salud, su reputación se ve desfavorecida y pueden llegar a sufrir persecuciones laborales.
Es por esto por lo que la Organización No Gubernamental ha decidido establecer “las disposiciones sobre quién puede estar amparado como whistleblower y los temas sobre los que puede informar”. Esta guía ha sido elaborada por Noami Colvin, Bruno Galizzi y Veronika Nad.
En esta se relaciona la protección de estas personas con las obligaciones de carácter legal y ético. Además, pretende dar protección al círculo más cercano del informante en caso de poder sufrir represalias.
Escrito en lenguaje común, la guía contiene 12 capítulos con todo lo necesario para entender la Directiva Europea: a quién puede amparar, quién la aplica, quién necesita tener un canal interno…
Además, en sus 36 páginas se incluyen aspectos relacionados con la revelación a los medios de comunicación (confidencialidad, denuncias anónimas…). También contiene un apartado donde se explicita la protección legal, el apoyo y medidas de estas personas en la época de la Covid-19.
La Directiva
El pasado 17 de diciembre de 2019, entró en vigor en la Unión Europea la directiva 2019/1937. Una vez publicada en su Diario Oficial, cada país miembro tenía la obligación de aplicarla en un máximo de dos años. De igual forma que en otras normativas, cada país la adaptará a su legislación. Sin embargo, se han establecido unas normas comunes para garantizar su cumplimiento.
Esta normativa tiene como base la protección efectiva de aquellas personas que denuncien fraude, evasión de impuestos o corrupción. En ella, se obliga a establecer “canales seguros de denuncia”, independientemente de si son organizaciones públicas o privadas.
El principal objetivo de esta directiva era disminuir las pérdidas económicas de la corrupción. Se calcula que se gastaban entre 5.800 y 9.600 millones de euros en la contratación pública cada año.
Entre los primeros países que adoptaron esta medida se encuentran Bélgica, Irlanda, Grecia, Malta o Rumanía.
Blueprint For Free Speech
Es una organización benéfica sin ánimo de lucro que promueve internacionalmente el derecho a la libertad de expresión. Según la propia página de la ONG, su “trabajo defiende el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma el derecho a la libertad de opinión y de expresión de todas las personas”.
Estudio en España
Cabe destacar que no es la primera vez que la organización pone a España en el punto de mira de la normativa de corrupción. Si ahora ha publicado esta Guía en español, la semana pasada publicaba un estudio donde revelaba que el 71% de los españoles cree que se debería apoyar a los denunciantes. Su principal objetivo es saber si los españoles están satisfechos con los canales de denuncia que actualmente existen.
El estudio realizado en colaboración de IPSOS (consultora internacional) tomó 2.174 entrevistas a españoles, a partir de donde se extrajeron los resultados. Se demostró que solo un 16% cree que los alertadores deberían ser castigados. Así pues, se deja ver que hay un gran apoyo a la transparencia y a la regulación de los denunciantes de corrupción.
