El Parlamento Catalán, con el apoyo de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP, aprobó el pasado viernes una resolución por la que nuevamente, defiende el derecho a la autodeterminación a la vez que se declara que “Cataluña es republicana”. La resolución se aprobó durante el pleno extraordinario sobre la monarquía celebrado por petición de Quim Torra, y ello, tras hacerse oficial la decisión del rey emérito D. Juan Carlos I de fijar su domicilio fuera de España.
La mayoría independentista se muestra tajante y declara en el primer punto de la resolución aprobada que “Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey”, e insiste en celebrar un referéndum en el que se constate, según se recoge en dicha resolución, la voluntad del pueblo catalán a manifestarse en contra de la monarquía.
A la hora de cargar contra la institución monárquica, los secesionistas, insinuando que la monarquía participó en el golpe de estado de 1936, defienden que D. Juan Carlos I dio continuidad al régimen franquista, y que, por lo tanto, la monarquía actual forma parte de la herencia del régimen de Francisco Franco: “Juan Carlos de Borbón aceptó la sucesión del general Franco, juró fidelidad a los principios del régimen franquista y afirmó que recibía del dictador «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936», en referencia al golpe de estado militar perpetrado contra la Segunda República española. En este sentido, la monarquía española es la continuación del régimen precedente y resulta inseparable de la persona del rey Juan Carlos, porque así lo establece el art. 57 de la Constitución española”. Por lo que, según el Parlamento Catalán “la monarquía española es sucesora del régimen franquista, del que recibió «la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936»”.
Lo anterior lleva al Parlamento Catalán a determinar el fracaso del pacto constitucional de 1978; indicando, además, que la monarquía es una institución, caduca, llegando a calificarla como antidemocrática. Así se manifiesta en los puntos 8 y 9 de la resolución: “8. El Parlamento de Cataluña constata el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978, que, por su carácter irreformable, blinda un sistema autonómico fallido, una democracia intervenida por el poder judicial, unas políticas sociales que son anuladas cuando las aprueba el Parlamento de Cataluña y una legislación que castiga el ejercicio de derechos fundamentales. 9. El Parlamento de Cataluña reafirma su compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como es la monarquía”.
En cuanto a la polémica suscitada en torno al rey emérito, los grupos independentistas apelan a una falta de control de la institución monárquica, dando por supuesto hechos delictivos y actividades irregulares, a pesar de que el D. Juan Carlos I no tiene la condición de investigado. Así mismo, califican como “fuga” la decisión del rey emérito de abandonar España, y consideran que el Gobierno es cómplice de este “escándalo democrático”.
También se hace alusión a una falta de garantía de los Derechos Fundamentales. En este sentido, el Parlamento Catalán “condena la persecución penal, los últimos años, de expresiones políticas, intelectuales o artísticas que, en ejercicio de la libertad de expresión o del derecho de representación política, han denunciado la corrupción de la monarquía española, y asimismo expresa su solidaridad con las víctimas de esta persecución, reclama el archivo de todas estas causas y exige la amnistía de las personas que han sido condenadas”. Muestran así su apoyo a los cantantes Josep Miquel Arenas (Valtònyc), Pablo Hasél o Alex Nicolaev (ELGI), y solicitan al Gobierno de la Generalidad que impulse las medidas necesarias para que se derogue el delito de injurias a la Corona.
Además, entre la batería de medidas que se reclaman contra la monarquía, la resolución aprobada por el Parlamento Catalán, recoge la retirada de las prerrogativas que conserva aún Juan Carlos de Borbón (tales como el título de rey y su aforo ante el Tribunal Supremo), la retirada de homenajes públicos a la monarquía borbónica, y la abstención de colaborar en los actos en los que participe la monarquía española.
Por último, en cuanto a las presuntas irregularidades que puedan presentar las cuentas y actividades de la Casa Real, el Parlamento de Cataluña “insta al Gobierno de la Generalidad a reclamar al Gobierno del Estado que establezca las herramientas necesarias para fiscalizar las cuentas y las actividades de la Casa Real, investigar cualquier sospecha de corrupción de la monarquía y, en su caso, garantizar el retorno del dinero que los miembros de la institución hayan podido obtener de manera ilícita”.
Por su parte, Ciudadanos y el Partido Popular (que votaron en contra de la resolución junto al PSC y a los comuns) pidieron la reconsideración de varios puntos de la resolución, y ello, al entender que eran contrarios a la Constitución.
Finalmente, quedaron fuera del contenido de la resolución la reprobación del rey Felipe VI, el fragmento en el que se hace referencia a una “monarquía delincuente”, la alusión al referéndum del 1-O como “la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña” y otra en la que se señala que “el único camino para superar este régimen monárquico” es la constitución de una república catalana, y las referencias a la participación del rey en la represión del pueblo catalán.
