La Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han presentado un manual para ayudar a que España transponga la Ley Europea de Accesibilidad. Con él se intenta mejorar el funcionamiento del mercado interior de servicios y productos digitales, ya que de esta forma se podrá garantizar su accesibilidad. Además, dicha ley deberá ser incorporada a los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros antes del mes de julio de 2022.
Esta norma entró en vigor en junio del 2019 y en ella se fijaron los nuevos requisitos mínimos de accesibilidad que debían darse en toda la Unión Europea (UE). La accesibilidad abarca todos los productos y servicios digitales como: móviles, ordenadores y sus sistemas operativos, tabletas, televisores inteligentes o cajeros automáticos. Así, su principal fin es conseguir reforzar el derecho de acceso a estos por parte de las personas con discapacidad.
NO EXCLUSIÓN
De esta manera, la principal pretensión es conseguir que no se produzca la exclusión de estas personas en la nueva revolución digital. La cual está creando la base de la economía de los países desarrollados en su reconstrucción económica. Sobre todo, ahora que la Comisión Europea está intentando elaborar un modelo económico digital y sostenible.
Sin embargo, como se trata de una directiva, se deja que sean los Estados miembros de la UE los que decidan cómo quieren introducir estos objetivos vinculantes de accesibilidad. Así, podrían hacerlo a través de una nueva legislación nacional o actualizando la ya existente.
En este sentido, tanto CERMI como Fundación ONCE, han elaborado este documento utilizando como base otro del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF). El cual pretende “brindar a los defensores de la discapacidad herramientas y propuestas para impulsar una legislación nacional sólida y una implementación adecuada que cumpla con la Ley Europea de Accesibilidad”.
MEJORAR OTROS ASPECTOS
Además, estas dos entidades solicitan al Gobierno que dé un paso más allá y aproveche el momento de la transposición para intentar mejorar otros aspectos relacionados con la accesibilidad de productos y servicios. Aspectos que no recoge la normativa europea, pero que aun así son importantes porque afectan a ámbitos tan relevantes como la salud, la construcción o la educación.
De este modo, la conversión de esta ley europea en legislación nacional supone una gran oportunidad para lograr un avance en el compromiso con la inclusión. Con el cual España está obligada, puesto que ha ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así, entiende que en el escenario de la transformación digital se presenta una oportunidad única para favorecer la accesibilidad universal. Además de lograr la inclusión realizando avances en algunos aspectos claves como: la accesibilidad del 112; los sistemas de atención al cliente; los vinculados a la infraestructura y los servicios de transporte; la vivienda; los servicios bancarios; los electrodomésticos o los servicios turísticos; y, los derechos de los consumidores con discapacidad.
Finalmente, el CERMI y Fundación ONCE concluyen que: “Desde nuestro papel como sociedad civil seguiremos colaborando con el legislador para que este proceso de transposición responda a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias”.
