Durante esta semana los acontecimientos se precipitan y nos conducen a un abismo al que los dirigentes políticos aún no se han asomado para comprobar las consecuencias de la caída, pero los augurios de ese despeño no son nada buenos para España. Los modos y las soflamas de unos y la defensa del honor y de la patria de otros, nos recuerdan tiempos pretéritos.
Los protagonistas de estos días han sido cuatro: el ministro del Interior, el cesado, coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, el dimitido director adjunto operativo de la Guardia Civil teniente general Laurentino Ceña, la diputada de Vox Macarena Olona y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.
Los acontecimientos han consistido en un ataque continuo a los pilares de la democracia desde el Gobierno; en la destitución y dimisión de dos altos mandos de la Guardia Civil; en un enfrentamiento dialéctico entre la oposición y Pablo Iglesias que, en un tono guerracivilista, ha advertido al partido popular y a Pablo Casado que votar junto VOX pone en peligro la democracia; y en una denuncia del vicepresidente sobre la apropiación de la bandera nacional por parte de VOX. Mientras esto sucedía, Macarena Olona, en sus preguntas y reproches al ministro del Interior, dejaba muy pequeño a Grande-Marlaska.
El ministro del Interior Grande-Marlaska infringe los principios democráticos básicos, como es la división de poderes, seguir con la estrategia marcada por Sánchez, Iglesias y sus aliados de interferir en la justicia, señalar y presionar a los jueces para romper su independencia e imparcialidad al considerar que la judicatura española es la única arma pacífica que le queda a los españoles para defender el estado de derecho y la democracia contra los ataques totalitarios de Iglesias. El presidente Sánchez sabe, e Iglesias también, que su gobierno puede caer a consecuencia de la acción lenta pero inexorable de los jueces españoles, que en su mayoría son magníficos profesionales independientes y resistentes a la influencia de poderes externos e injerencias espurias.
Destituir al coronel Pérez de los Cobos, por cumplir con las ordenes dadas por la juez Rodríguez-Medel de seguir en secreto las investigaciones para dilucidar la responsabilidad del delegado de Gobierno en Madrid y de Fernando Simón en la celebración de la manifestación del 8-M y en su posterior pandemia, ha retratado al ministro del Interior. El poder ejecutivo ha estado interfiriendo, presuntamente, en el poder judicial. Recordemos, que mientras Pérez de los Cobos estaba actuando a las ordenes de la juez del juzgado de instrucción 51 de Madrid, como policía judicial, sólo podía dar cuenta de sus investigaciones al juzgado, ya que el equipo del coronel estaba investigando a un delegado del propio gobierno.
Pérez de los Cobos, como guardia civil, se limitó a cumplir la ley al negarse a facilitar a altos cargos del ministerio del Interior, que tras varias llamadas se lo requirieron, un informe que, como policía judicial, había elaborado a instancias de un juez.
Recordemos que este acto despótico de Grande-Marlaska no es un caso aislado. En agosto de 2018 cesó al coronel Manuel Sánchez Corbí, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), responsable de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, creando un gran malestar en el Instituto Armado.
El coronel Pérez de los Cobos no permitió que los cargos políticos, que temporalmente actuaban como superiores jerárquicos, mancillaran su honor, obligándole a infringir la Ley y su juramento de obedecer y respetar el ordenamiento constitucional, al Rey y a España. El coronel sabía que, si así lo hacía, la patria se lo agradecería y premiaría, como así ha sucedido, al ser un digno hijo de ella.
El teniente general Laurentino Ceña, que tomó la decisión de dimitir, porque no fue informado con antelación de la destitución del coronel Pérez de los Cobos ni por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ni por ningún alto cargo del ministerio. Al teniente general se le ninguneó y puenteó por el ministro y por la directora general, tomando una decisión de cese de un coronel sin respetarse la cadena de mando, ni consultársele sobre la conveniencia, o no, del cese de Pérez de los Cobos. Parece que Laurentino Ceña tuvo conocimiento del cese de Pérez de los Cobos, cuando fue informado del hecho por un general, tiempo después de que el cese fuera comunicado al propio coronel. El teniente general Ceña ha dimitido por estar en contra del cese por lo arbitrario e injusto del mismo. En la Benemérita este gesto ha sido aplaudido por números, suboficiales, oficiales, jefes y generales y tomado como un mensaje dirigido por el teniente general a propios y extraños, haciendo grande el lema de la Guardia Civil: “El honor es mi divisa”.
Macarena Olona intervino en el Congreso de los Diputados, donde después de vapulear y dejar en ridículo al ministro del Interior, ha anunciado una querella contra la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de la investigación sobre las manifestaciones del 8-M pocos días antes de decretarse el estado de alarma por la pandemia de la Covid-19.
Con su pregunta a Grande-Marlaska de ¿Recuerda usted el caso Faisán? Y su afirmación de “Ha traicionado todos sus principios y a los hombres que pusieron su vida en riesgo para proteger la suya.”. “Usted va a caer por su subordinado”, afirmó en una predicción dirigida al titular de Interior por las supuestas injerencias para conocer el informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8-M.
Pablo Iglesias es el último de los protagonistas, el cual se ha quejado amargamente de que la bandera de España la tome VOX y sus simpatizantes, lo que impide que buena parte de los ciudadanos se identifiquen con este símbolo y ha atacado desaforadamente a la portavoz del partido popular, con un nerviosismo evidente, por haber dejado de ser víctima en el caso “Dina” donde el juez de la Audiencia Nacional apunta que Iglesias pudo retener la tarjeta del móvil de su asesora. Con muy malos modos se ha dirigido a Cayetana Álvarez de Toledo, llamándola “marquesa” en repetidas ocasiones, a lo que ha contestado la dirigente popular recordando la estirpe de Pablo Iglesias y la pertenencia de su padre al grupo terrorista FRAP.
En sus ataques a VOX y que este movimiento político enarbole la bandera en sus actos, el dirigente comunista ha olvidado que antes de ser vicepresidente del gobierno, despreciaba la enseña nacional en cada momento que podía hacerlo, como, por ejemplo en 2013, en la Coruña, donde espetó que «La identidad España para la izquierda, una vez terminó la Guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco. Es un agregado, con él gana la derecha» o, cuando en un artículo publicado en la web Rebelion.org, afirmó que el himno español es una «cutre pachanga fachosa« y se quejaba de tener que soportar, «día tras día, el nacionalismo español y su bandera monárquica y postfranquista».
Parece que no le gusta al gobierno actual que la bandera se exhiba por los españoles. Siempre ha sido el símbolo de la libertad del pueblo, pero hoy en día, nuestra bandera se ha convertido en un símbolo de rebeldía contra los ataques continuos a las libertades de los ciudadanos, que se están produciendo durante este estado de alarma, donde se ha legislado contra la libertad y el régimen constitucional, bajo decreto. Sólo puede molestar a los liberticidas, que los españoles enarbolen su bandera como símbolo de libertad.
Por último, como homenaje a la Guardia Civil, vamos a recordar la sentencia del Tribunal Supremo 32/2018 recurso de casación nº 107/2017, dictada el 22 de marzo de 2018, por el pleno de la Sala Quinta, de lo Militar (formada por ocho magistrados), que contó con dos votos concurrentes, uno del presidente y otro de otro magistrado (al se adhirió un tercer magistrado), y un voto particular.
Parece que está dictada pensando en premiar con fundamentos jurídicos la gallarda actuación de nuestros militares Ceña y Pérez de los Cobos. Dice la citada sentencia en el segundo fundamento de derecho, literalmente: “la prohibición de los mandatos antijurídicos obligatorios” … “en un sistema democrático no cabe la exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se basa en un sistema autoritario”.
Pone así en contraposición lo que ocurriría en un sistema político dictatorial, como el que vivimos desde el 14 de marzo de 2020, y lo que deberían hacer personas sometidas al Código Penal Militar, como son los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, que también vale para la Policía Nacional y la local.
“El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla”.
Sin embargo, eso no ocurre en el sistema democrático constitucional, “en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley”. Tampoco las órdenes de un superior, cuando de antemano sabe que, con una orden ilegal, está prevaricando y comprometiendo la integridad de sus subordinados.
Continúa diciendo el Tribunal Supremo que “en el sistema regido por la obediencia debida, la autoridad y el cumplimiento de su orden está por encima de la ley; por ello, tal sistema no cabe dentro de un sistema democrático en el que el cumplimiento de la ley es la base del sistema y, naturalmente, no puede ser incumplida por una orden ni por el cumplimiento de la misma”.
