- El Ministerio de Justicia al frente de Juan Carlos Campo se pone en marcha para elaborar el anteproyecto de Ley del Derecho de Defensa
La comisión de expertos que elaborará el anteproyecto se ha reunido este mismo lunes 22 de junio por primera vez con el objetivo de establecer las directrices que marcarán la redacción de un texto legal orientado a evitar situación de indefensión. Asimismo, se puede considerar la Ley del Derecho de Defensa como una reivindicación histórica de la Abogacía en aras de regular un pilar fundamental en la configuración de nuestro modelo de Justicia.
El derecho de Defensa además de ser considerado como uno de nuestros principales derechos fundamentales de la Constitución Española (artículo 24), supone un elemento cúspide del sistema judicial moderno. En este sentido, podemos decir que agrupa un conjunto de garantías y facultades que trabajan para evitar la indefensión y la desigualdad de las partes a lo largo del proceso.
Por otro lado, la Comisión para la Ley del Derecho de Defensa está presidida y coordinada por los juristas Antonio Garrigues Walker quien establece que “porque, aunque ya existe un derecho de defensa, se trata de impedir las situaciones de indefensión que todavía hoy se producen«. Y Pablo Zapatero, quien califica el anteproyecto como una “oportunidad histórica” de integración legislativa sobre el derecho de defensa, ya que actualmente poseemos distintos instrumentos legales acerca de ello.
La Comisión está integrada por grandes profesionales del derecho, como el ponente de la Constitución Española de 1978, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; y la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez.
Del mismo modo, la integran otros profesionales como la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Begoña Castro; la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García; y la profesora de Derecho Constitucional, Alicia González.
En definitiva, aunque el ordenamiento jurídico español esté dotado de herramientas que permitan salvaguardar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, el nuevo anteproyecto pretende reforzar las premisas ya establecidas y hacer de ellas una entidad con mayor fuerza que permita llegar a aquellas situaciones de desigualdad o indefensión por pequeñas que sean.
