El apocalipsis de la justicia se acerca a los mismos niveles que el colapso de la economía y, todo ello, a causa de la ineptitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En fecha de 14 de mayo de 2020, el Ministerio de Justicia sacaba una nota de prensa mediante la cual anunciaban que el Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas acordaban mantener la fase 1 de la desescalada en la administración de Justicia mediante un presunto acuerdo logrado en la Comisión de Coordinación de Crisis de la Covid-19 de continuar en el primer estadio. Además se matizaba en la misma nota de prensa, que la reincorporación, para seguir evaluando las medidas de seguridad necesarias en cada sede, sería una decisión, que supondría de hecho continuar con la prestación del servicio con entre un 30% y un 40% de la plantilla, proclamando la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y en el resto de servicios, las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios, añadiendo que “los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables”.
En la misma nota de prensa, se dijo por el Ministerio de Justicia que la mayoría de las administraciones que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios (el Ministerio de Justicia y las comunidades con competencias transferidas) han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el pasado martes, ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede, prolongándose la fase 1 al menos, una semana más.
Ante este aparente consenso mostrado por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido por la tangente y el viernes pasado, terminada la teórica fase uno, instó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a levantar inmediatamente la paralización de los plazos procesales para evitar el colapso de los juzgados, que ya no es sólo una predicción, sino que los propios jueces lo ponen de manifiesto de forma directa y sin tapujos. Todas las asociaciones de la judicatura se han unido en esta reivindicación al ejecutivo para solicitar la reanudación de la actividad judicial y que se desvinculen los plazos procesales del estado de alarma que Pedro Sánchez pretende ampliar inconstitucionalmente, en los próximos días.
La situación que se está creando es alarmante y en este momento ya es de difícil solución con los medios materiales, personales y tecnológicos existente en los jugados, y especialmente en los de Madrid. La jurisdicción laboral está fuera de control con ERTEs, reclamaciones de cantidad y despidos. A la jurisdicción contencioso-administrativa le espera una avalancha de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado y recursos por las multas con las que han sancionado a los españoles durante el encierro obligado, las cuales han superado en número a los test realizados a los ciudadanos para detectar el COVID-19. A la jurisdicción penal le espera una actividad frenética, con las miles de querellas que se van a interponer contra distintos funcionarios por posibles responsabilidad durante la gestión de la crisis del coronavirus. Los juzgados de lo mercantil no podrán soportar la cascada de concursos de acreedores de personas físicas y jurídicas que se van a iniciar ante la crisis económica en la que estamos inmersos, posiblemente la más importante de la Historia de España y, la jurisdicción civil vuelve a entrar en escena a causa de las innumerables demandas que se van a presentar a causa de las sentencias dictadas en los primeros días de marzo de 2020, por el Tribunal Supremo sobre la usura de las tarjetas revolving y por el TJUE sobre la nulidad de la cláusula del IRPH, que devuelve a los juzgados españoles la pelota para evaluar el doble control de transparencia de esta cláusula inserta en los préstamo hipotecarios.
Y Así podríamos estar repasando los distintos órdenes jurisdiccionales, en los que sólo vamos a encontrar caos y desorganización ante un sistema llamado LEXNet, del que se ignora si soportará semejante prueba de fuego.
Pero esto es solamente una parte del problema, antes de la paralización de la justicia por el gobierno, la suspensión de plazos y el tsunami de asuntos que los juzgados esperan que les caigan encima, ya existía un desbordamiento y paralización de asuntos judiciales en los juzgados, que convertían al tercer poder del estado, en un enfermo de difícil solución. A modo de ejemplo, en Madrid, el juzgado nº 101 bis, que conoce de los procedimientos de nulidad de cláusulas hipotecarias, la audiencia previa de los mismos, se fijaba hasta dos años después de presentar la demanda contra el banco, tras la paralización desde el 14 de marzo, ni se sabe cuánto puede llegar a esperarse para obtener una tutela judicial efectiva en este tipo de asuntos.
Pero lo peor está por llegar. Un mes de agosto teóricamente inhábil, pero que según el gobierno es hábil hasta para celebrar vistas; unos funcionarios a los que nadie les ha dicho que no se puedan ir de vacaciones en julio, agosto y septiembre; unos profesionales del derecho, como son los abogados y procuradores, que no saben a qué atenerse y unos clientes que ven como nadie se acuerda de sus intereses de justiciables.
La situación material de los juzgados no acompaña. No hay medios informáticos para una justicia no presencial y si los hay, son antiquísimos. Existen partidos judiciales con ciudades de la justicia y edificios muy modernos, que puede que tengan cierta infraestructura para poder utilizar las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos y profesionales, e incluso, que puedan legar a celebrar comparecencias y declaraciones o testificales vía telemática; pero en otras ciudades como Madrid, las obsolescencia de las instalaciones es tal, que, por ejemplo, entrar en un juzgado mercantil de la Gran Vía y ver el estado de las oficinas judiciales nos lleva a pensar en la centuria pasada, sino fuera por las obsoletas pantallas de ordenador que tiene cada uno de los puestos de trabajo donde los funcionarios desarrollan su actividad, que sólo nos dejan un sabor muy rancio de las inservibles instalaciones.
La tecnología no acompaña. Una gran parte de los juzgados carece de salas de vistas con pantalla para celebrar vistas u otras diligencias judiciales a distancia y con imagen. Los funcionarios no pueden visualizar desde sus equipos informáticos, simples USBs o discos ópticos y lo peor, no existe cultura informática ni telemática en la Justicia Española, habiéndose creado una plataforma digital llamada LEX Net para eliminar el papel de los juzgados y con cada demanda presentada, existen muchos juzgados que aun te piden kilos de papel de fotocopias de documentos para aportar a la parte contraria, a los personados y para los autos. De los juzgados de familia ni hablemos, donde el papel, ha desplazado de nuevo, a la tecnología digital.
Sobre la higiene, es mejor correr un tupido velo. No hay mamparas de metacrilato que separen a unos funcionarios de otros y en muchos juzgados de la capital, se encuentran trabajando a la distancia de menos de un metro. Ignoro cuantos litros de desinfectante van a poner al servicio de cada juzgado, ni cuantas mascaras o guantes habrá de dotación para cada funcionario, a los efectos de evitar contagios entre trabajadores y visitantes de la oficina judicial. Desconozco que decisión van a tomar los órganos judiciales y fiscalías, así como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses., en el momento en que enferme un funcionario a causa del contagio del virus chino, pero intuyo, que al primer síntoma, se cerrara el centro de trabajo donde suceda tal hecho.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia ha acordado mantener la fase uno hasta el 25 de mayo y por ello, las asociaciones de jueces han solicitado la apertura inmediata, al ser incomprensible que un servicio esencial en un Estado de Derecho y en una democracia, como es la Justicia, continúe paralizado. ¿Qué nos espera?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha consultado al Consejo General del Poder Judicial para que le autorice para que se celebren juicios y vistas de asuntos no esenciales. De momento, guarda silencio.
Todo esto se suma, a una situación económica de España que le ha llevado a ser un Estado insolvente, a una crisis territorial sin precedentes en 75 años y una situación como la descrita en la que el poder judicial se está convirtiendo en un poder fallido junto a un poder legislativo maniatado e inoperante y a un ejecutivo dominado por el totalitarismo comunista, escenario que nos muestra un panorama que, evidentemente, cotiza a la baja en bolsa.
