Esta misma semana tiene lugar el comienzo de la formación en seguridad de las redes sociales y las necesidades derivadas de la crisis del Covid-19. Un proceso de adaptación tecnológica de la que van a ser parte los fiscales que se encuentran en el segundo semestre de su continua formación para la Carrera Fiscal.
De este modo, Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, y la directora del Centro de Estudios jurídicos, Abigail Fernández, organizaron un encuentro telemático en aras de solicitar a los fiscales un especial esfuerzo por contribuir y velar por la seguridad en las redes sociales, además de proteger a las personas, principalmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad
Campo, aprovecha en un comunicado para agradecer al Centro de Estudios Jurídicos su “excelente, ardua y eficaz labor”. Especialmente por adaptar el sistema de formación tras la crisis sanitaria del coronavirus.
La formación de los fiscales será telemática y estará centrada en delitos contra menores y mujeres en los entornos tocológicos. Al respecto, Campo emite una llamada a la especial persecución de “manifestaciones de violencia en escenarios nuevos”.
Asimismo, establece que “Nuestra credibilidad, la de todos los operadores jurídicos, está, debe estar, en que seamos capaces de proveer un acceso real y completo a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad”, ha subrayado Campo, consciente de que “lo que más valoran las víctimas de delitos es que los jueces, los fiscales y demás operadores, comprendan sus necesidades, los riesgos que temen, la violencia que sufren y la atención especial durante el proceso”. Y añade que, “Por eso tenemos que realizar nuestro trabajo desde la convicción de la trascendencia que tiene cada una de nuestras actuaciones”.
Por otro lado, Juan Carlos Campo anima a los fiscales a apoyarse en instrumentos jurídicos como la Ley de Protección de Datos y el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia o la Adolescencia frente a la Violencia.
Destaca los nuevos derechos digitales relativos a la neutralidad, al acceso universal, a la seguridad digital, a la educación digital, a la protección de menores en Internet, además de la intimidad, la protección de datos y el uso de dispositivos y demás derechos digitales en el campo laboral, la rectificación y actualización en los medios digitales o el denominado derecho al olvido entre los más notorios.
En cuanto al reciente texto legal aprobado en Consejo de Ministros, debemos recordar la importancia de centralizar el trabajo en comportamientos muy lesivos para a vida y la integridad de los menores que, en ocasiones se encuentran ante una laguna legal que provoca situaciones de impunidad.
Por ello, debemos poner en foco en tipos como:
- Delito de promoción;
- Fomento o incitación a la autoestima;
- Fomento o incitación a la comisión de delitos de naturaleza sexual;
- Promoción o facilitación del consumo de productos, preparados o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios.
Especialmente, haciendo hincapié en que “facilitará la persecución de los muchos blogs de abusadores que tratan sobre cómo aproximarse a los menores y ganar su confianza para poder abusar de ellos”.
En cuanto a la punición de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, debemos decir que el Ministro de Justicia subraya que “si bien ya estaba castigada la difusión no consentida de vídeos realizados con la anuencia de la víctima, cuando la divulgación menoscaba la intimidad de esa persona, en la práctica, la exigencia de denuncia previa de la víctima suponía que, en muchos casos, estos delitos no pudieran ser perseguidos”.
En definitiva, el esfuerzo llevado a cabo en la nueva regulación es abundante y queda claro que “se pretende evitar la impunidad de conductas que afectan intensamente a la integridad moral de las víctimas”.
