La AP de Oviedo condena a 13 años de prisión al «violador del estilete» por agredir sexualmente a una joven de 25 años en la pensión donde residían. #CompartirConocimiento.

El condenado Félix Vidal Anido ya cumplió 32 años de prisión por numerosos delitos contra la libertad sexual. Salió de la cárcel de Asturias en 2013.
La AP de Oviedo condena a 13 años de prisión al «violador del estilete» por agredir sexualmente a una joven de 25 años en la pensión donde residían. #CompartirConocimiento.
ciol

Renée Kreis Köhnen, 

Redacción editorial.

La víctima, que sufría de una patología depresiva, había estado alojada en el Centro de Tratamiento Integral desde principios de 2017 hasta noviembre de ese mismo año, momento en el que se trasladó a la pensión donde conoció a los dos acusados.

Queda probado que el 22 de diciembre de 2017, el acusado entró en la habitación de la víctima advirtiéndole que tendrían relaciones sexuales, «quieras tú o no». A pesar de su negativa, el procesado procedió a quitarle el pijama y la ropa interior a la víctima y, sujetándola con fuerza, consiguió penetrarla. A continuación la amenazó de muerte si contaba lo ocurrido.

Debido a la privacidad en la que suelen cometerse los delitos contra la libertad sexual, la Audiencia ha destacado que es habitual que no existan testigos y que por tanto, los testimonios de las personas involucradas adquieren una enorme relevancia, así como las pruebas accesorias que pudieran corroborarlos o desmentirlos. También ha recalcado que, en virtud de la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo en relación con el testimonio de la víctima, «un único testimonio puede bastar para destruir la presunción de inocencia». Tras haber sometido el testimonio de la víctima al «triple test» (persistencia de la incriminación, verosimilitud del testimonio, y credibilidad subjetiva de quien testifica), el tribunal ha concluido que el testimonio es «fiel expresión de lo acontecido». Contrariamente, el acusado había incurrido en múltiples contradicciones y discrepancias en su relato de los hechos, además de que los argumentos ofrecidos por la defensa no consiguieron desmerecer esta convicción del tribunal.

Por estos hechos, calificados como un delito de agresión sexual con penetración a persona especialmente vulnerable de los artículos 178,179 y 180.1.3º CP, se le ha impuesto una pena de trece años de prisión, además de la prohibición de acercarse a la víctima por un período de catorce años y la medida de libertad y seguridad vigilada por siete años. En concepto de responsabilidad civil, se ha determinado una indemnización de 3.000 euros. También se le ha impuesto una pena multa de 180 euros por un delito leve de hurto, al haberse apoderado de la pulsera y los pendientes de la víctima.

Por otro lado, se ha impuesto un año de prisión a la que entonces era la mujer del acusado, por un delito de extorsión del artículo 243 CP. Siendo conocedora de la patología psíquica de la víctima y de su disponibilidad sobre los fondos de la cuenta bancaria de su abuelo, consiguió que le entregase unas cantidades de dinero mediante amenazas. La Audiencia ha considerado que la dinámica comisiva constituía un delito de extorsión, más que de un robo con intimidación como habían calificado el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en tanto que «mediante la amenaza de atentar contra su vida, se obligaba a la víctima a realizar un acto jurídico consistente en retirar de la cuenta bancaria una determinada cantidad», que se entregaba posteriormente a la acusada. Por lo tanto, el apoderamiento sobre el dinero se produjo «mediante una conducta de colaboración» a la propia perjudicada, viéndose obligada a llevar a cabo gestiones propias de la práctica bancaria para disponer del dinero luego entregado.

 

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