Su objetivo era posicionarse sobre las manifestaciones violentas ocurridas en varias ciudades del país. Estas concentraciones originadas con el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél han hecho que el Colegio decida expresar su posición. A través de una nota de prensa recuerdan que:
1º. El derecho a la libertad de expresión no es absoluto ni ilimitado. Según el Tribunal Constitucional (TC), no da derecho al insulto ni a la comisión de otros delitos a su amparo
2º. Los Juzgados y Tribunales son los que comprobarán si se ha desbordado el derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con las leyes vigentes aplicables
3º. La disconformidad con las resoluciones judiciales firmes, en una sociedad moderna y democrática, no puede derivar en manifestaciones violentas. Estas no forman parte de ningún derecho constitucional, como recordaron en la nota del 14 de noviembre de 2019
4º. Frente a esas manifestaciones violentas, sin perjuicio de que se promuevan las modificaciones legales que se consideren oportunas, se aplicará el Código Penal si procede. También se podrá aplicar la Ley de Seguridad ciudadana avalada por el TC
5º. Para poder exigir los derechos constitucionales hay que cumplir con los deberes constitucionales que corresponde observar. No se puede exigir el cumplimiento de la ley incumpliéndola
