La hoja de ruta que agiliza los procedimientos concursales

El Colegio de Abogados y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid apuestan por facilitar la venta de unidades productivas de las empresas en concurso. Con ello, pretenden evitar la destrucción del tejido empresarial y conservar el empleo.
La hoja de ruta que agiliza los procedimientos concursales
Foto: José Martín Ramírez Carrasco

Las situaciones concursales han aumentado debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Por ello, la Abogacía madrileña y los Juzgados de lo Mercantil de Madrid han sumado esfuerzos para salvar el mayor número posible de empresas en los procesos concursales.

Con ese fin, abogados y jueces mercantiles han trabajado juntos en la elaboración de una hoja de ruta. Lo han hecho en colaboración de economistas, procuradores y otros profesionales jurídicos. Esta tiene el objetivo de facilitar los procesos de venta de unidades productivas de las sociedades en concurso.

Fruto de ese esfuerzo nace la “Guía de Buenas Prácticas para la venta de unidades productivas”.  José María Alonso (decano del ICAM) y Celso Rodríguez Padrón (presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid) la presentaron el pasado jueves. El acto fue celebrado en la sede del alto tribunal madrileño.

La Guía

El documento establece un protocolo de actuación para las empresas. Con ello potencian el proceso previsto en el artículo 530 del Texto Refundido de la Ley Concursal. Su finalidad es instituir un proceso ágil para que la empresa salga del concurso en el menor tiempo posible. Los jueces Mercantiles se comprometen a declarar el concurso en un plazo máximo de dos días si el proceso de venta realizado por el deudor se ajusta a la Guía. También si la solicitud va acompañada de todos los documentos que en ella se describen.

“Los que operamos en el plano de la Administración de Justicia teníamos que dar un paso al frente y asumir de qué manera podemos ayudar a las empresas y trabajadores autónomos que están sufriendo especialmente los efectos económicos de la crisis sanitaria. Porque la experiencia demuestra que una inmensa mayoría de los concursos que se presentan terminan en la desaparición de la empresa”, ha señalado Alonso.

Según ha explicado Alonso, “desde el primer momento, fuimos conscientes de que teníamos que hacer algo. No podíamos permitir que esta situación terminara con una parte importantísima del tejido industrial y económico de Madrid, y diera lugar a un aumento del paro y a un incremento del dolor social”.

El resultado de ese convencimiento es una Guía de Buenas Prácticas “innovadora e indispensable”. Esta es la primera vez que los máximos representantes de la justicia y la abogacía en Madrid han firmado un acuerdo. Además, esto ha ocurrido tras tener el visto bueno del CGPJ.

Las intervenciones

“Se ha hecho un trabajo transparente, flexible, sin apriorismos y con un fin común. Este es la protección de los derechos de los ciudadanos desde nuestros respectivos planes de actividad”, se ha congratulado Alonso.

Gracias a la Guía, si el que presenta el concurso acompaña la documentación y demuestra que ha seguido los pasos que se establecen en esta, el procedimiento se resuelve rápidamente.

Además, si se autoriza la venta de la unidad productiva, “esa decisión es irrecurrible. Por tanto, pone fin al procedimiento, lo que quiere decir que con ello llegamos a tiempo y permitimos que la empresa sobreviva”, ha enfatizado.

Por último, y ante la masiva carga de trabajo que soportan los juzgados de lo mercantil, el decano ha lamentado que tengan que dedicar entre el 30 y el 40% de su tiempo a resolver asuntos de transporte. «Hay que liberarles, porque en este momento los jueces y juezas de lo mercantil son una auténtica avanzadilla en la salvación de nuestro tejido industrial y en la superación de la crisis», ha concluido.

Por su parte, Celso Rodríguez Padrón ha destacado que “los titulares que han trabajado en esta guía han hecho un gran esfuerzo para salvar el máximo número posible de empresas, lo que implica salvar puestos de empleo”, recordando que el fin último de esta colaboración es mejorar la eficiencia de la justicia.

Para el presidente del alto tribunal madrileño, “esta finalidad explica el documento y además lo justifica, es la senda de la eficacia judicial que enlaza con un término puramente jurídico: mejora día a día del grado de la tutela efectiva y que encauza a jueces y profesionales a la defensa y protección de los intereses legítimos de los ciudadanos”. Por todo ello, ha recalcado, “tenemos que celebrar esta guía; con independencia del futuro, ya ha valido la pena.”

 

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