La semana pasada el Ejecutivo anunció su intención de modificar la normativa sobre perros potencialmente peligrosos (PPP). Con ello se pretende eliminar la lista de razas consideradas como “peligrosas”, ya que de esta manera se están realizando prejuicios injustos. El cambio propuesto conllevaría fijarse ahora en la conducta concreta de cada animal y no en su raza
De esta manera, están estudiando modificar la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. Así, se ha anunciado que este anteproyecto de ley se quiere presentar en el próximo mes de mayo. En él, el Gobierno analizará qué perros necesitan algún tratamiento especial para así poder educarlos con diferentes técnicas.
RAZAS Y EJEMPLARES PPP
Actualmente, el problema es que, aunque un perro de raza potencialmente peligrosa sea muy tranquilo y bueno, lo que determina su peligrosidad es su raza o características físicas sin considerar el carácter concreto de cada perro.
Así, la Ley 50/99 considera como PPP las siguientes razas:
– Pit Bull Terrier.
– Staffordshire Bull Terrier.
– American Staffordshire Terrier.
– Rottweiler.
– Dogo Argentino.
– Fila Brasileiro.
– Tosa Inu.
– Akita Inu.
Además, también incluye dentro de este grupo de PPP a los que presentan una fuerte musculatura, aspecto robusto, cabeza voluminosa, y pecho macizo y ancho, entre otras.
Asimismo, y en relación a la normativa actual, para la tenencia de este tipo de perros la Ley 50/99 exige al propietario: un psicotécnico, tanto físico como psíquico; ser mayor de edad; no tener antecedentes penales; y suscribir un seguro de responsabilidad civil, por los posibles daños que se pudiesen causar a terceros.
Sin embargo, estos son sólo requisitos a nivel estatal, puesto que también habrá que cumplir los que se exigen según la normativa o el reglamento autonómico de cada territorio. Así, por ejemplo, en Madrid habrá que tener registrados a los PPP y contar con una autorización administrativa. Igualmente, para pasear un PPP por el territorio madrileño hay que llevarlo con correa o cadena de no más de dos metros y con bozal, y sólo se podrá pasear un ejemplar cada vez. Por tanto, si un mismo propietario tuviese dos, deberá sacar primero a uno y luego al otro, pero nunca podrá sacar él mismo a ambos a la vez.
HOMOGENEIZAR LA NORMATIVA
En este sentido, Sergio García Torres (director general de Derechos Animales del Gobierno) explicó durante la “I Jornada Política”, que organizó la Real Sociedad Canina Española (RSCE), los cambios que conllevará esta Ley sobre el Bienestar Animal. De esta forma, este nuevo anteproyecto tratará de homogeneizar las 17 normativas autonómicas existentes. Así, se logrará un marco común para todo el territorio nacional.
Asimismo, se constituirá un Sistema de Registros de Protección Animal (SRPA) que aúne los diferentes de identificación. Y dentro de él, existirá un Registro Nacional de Animales de Compañía, que funcionará como un “metaregistro” en el que se colgarán los datos de cada uno de los registros autonómicos. Aunque, también se implantará un Registro Nacional de Profesionales de comportamiento y educación canina, un Registro Nacional de Criadores de Compañía y un Registro Nacional de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía.
Igualmente, otra pieza fundamental que se incluirá en la nueva normativa será la obligación de la identificación de los animales antes de que se vendan, para controlar así la cría de estos. Constituyendo, además, un Registro Nacional de Inhabilitación para la Tenencia de Animales de Compañía. Éste servirá para que aquellos que han sido condenados por maltrato animal no puedan tener ningún animal a su cargo.
AUMENTAR PENAS
Por otro lado, con este anteproyecto de ley se quiere modificar también el Código Civil. Con ellos, se conseguiría que los animales fueran tratados como seres sintientes y no como bienes muebles, siguiendo lo marcado por el Tratado de Lisboa. Además, se hará otra modificación respecto al Código Penal, de manera que aumenta la pena por los delitos de maltrato animal, puesto que las actuales son de un máximo de 18 meses.
Así, desde RSCE también han solicitado “un compromiso firme y un acuerdo total de todas las fuerzas políticas para proteger a los animales y su bienestar”.
