Actualmente, la multirreincidencia de los delitos leves de hurto – aquellos que no superan los 400 euros – son sancionados con una pena de multa de uno a tres meses. En 2015 se introdujo la pena de cárcel para este delito, pero en el año 2017 ésta fue sustituida por una sanción administrativa por el Tribunal Supremo. El motivo fue que la ley debe ser interpretada conforme al principio de proporcionalidad, no pudiendo ser sancionado el hurto de un cuadro famoso de gran valor de la misma manera que la sustracción de tres carteras de no más de 50 euros cada una.
Sin embargo, desde entonces los vendedores reclaman una reforma del Código Penal para frenar los hurtos que sufren en sus establecimientos. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) pide que la multirreincidencia vuelva a estar tipificada como un delito agravado. La organización empresarial argumenta que llevan años desde el Comité de Prevención de la Pérdida buscando soluciones para reducir los hurtos en los establecimientos comerciales.
Nuevo protocolo
Si bien es cierto que debido a la reducida movilidad durante la crisis del COVID-19 los hurtos comerciales han disminuido en un 44%, muchos comercios españoles siguen sufriendo estos delitos leves. Por ello, los cuerpos policiales y la AECOC trabajan para que todos los locales conozcan esta nueva posibilidad.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha un nuevo protocolo que da luz verde a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil a tramitar in situ las denuncias por delitos leves de hurto de manera telemática.
Por tanto, los agentes podrán grabar las denuncias en sus sistemas informáticos y citar para un juicio rápido en el mismo local en el que se haya producido el hurto. Los presuntos autores deben haber sido sorprendidos en el momento y estar a disposición policial en el propio establecimiento. Esto facilita además la celebración de la vista oral, incluso aunque los responsables del hurto no comparezcan ante el Juzgado.
Este nuevo mecanismo tiene como objetivo agilizar la tramitación y resolución judicial de este tipo de delitos tan habituales en España. Además, pretende disminuir la saturación de denunciantes y testigos en las Comisarías de Policías, ya que todo queda registrado en los sistemas informáticos de los agentes desde el establecimiento. Por último, evitar el desplazamiento de los dueños y empleados del establecimiento hasta las dependencias judiciales y las interminables esperas para interponer la denuncia. Además, al tratarse de un procedimiento telemático, este nuevo protocolo minimizará los riesgos de contagio durante la pandemia del COVID-19.
Según la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), se estima que este nuevo mecanismo evitará las pérdidas anuales de 1.800 millones de euros que empresas españolas tienen que soportar debido a estos delitos leves. Este nuevo protocolo, llevado a cabo por la Secretaría de Estado de Seguridad y AECOC, está vigente desde noviembre de este año y podría ampliarse en el futuro a otros supuestos de delitos leves.
Estandarización
Este nuevo protocolo debe poderse llevar a cabo en todos los establecimientos comerciales. Según Leandro Núñez, abogado especializado en Derecho Tecnológico: “Es evidente que hay un problema y muchos establecimientos que sufren esta pequeña criminalidad no denuncian por falta de tiempo. Con este protocolo se podrán solucionar este tipo de asuntos y realizar la denuncia en tiempo real. Lo importante es que este tipo de actividades sean seguras, el proceso sea auditable y la información llegue correctamente”.
El abogado también añade que no debe ser necesario que el establecimiento comercial disponga de un equipamiento informático complejo para poder llevar a cabo esta informatización. Los comercios tan solo deberán disponer de un servicio de vigilancia privada contratado, un ordenador con ranura para insertar la tarjeta policial y una buena conexión a internet.
Antes de acceder a las aplicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y efectuar la denuncia, los establecimientos y equipos informáticos serán inspeccionados para comprobar su seguridad y hardware. No obstante, Leandro Núñez propone que la denuncia telemática se pueda efectuar a través de una plataforma intermedia, ya que “de esa forma se puede evitar cualquier tipo de hackeo de terceros”.
Luis Acayro Sánchez, Magistrado del primer juicio telemático en España, afirma que “estamos ante una gran iniciativa que se engloba dentro de la transformación digital global que está aprovechando las facilidades tecnológicas disponibles en las entidades comerciales”. Para el Magistrado, la vía telemática para la celebración de juicios ha llegado para quedarse por las grandes ventajas que ofrece, principalmente el ahorro de gastos y tiempo.
