Esta misma semana hemos tenido noticia de que la derogación de los plazos de instrucción sigue hacia adelante en el Congreso. De este modo, la proposición de esta derogación tiene como finalidad revocar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sustituirlo por un sistema alternativo a los plazos ya estipulados en el año 2015.
Aunque definitivamente, será en el Congreso donde se verá si esta enmienda finalmente sale adelante y es aprobada. Pues, la derogación de los plazos máximos del proceso de instrucción en los procedimientos penales se está debatiendo en la Cámara Baja y necesita un consenso entre los principales grupos parlamentarios.
Al respecto, hay que comentar que la mayoría de los portavoces se han mostrado también en contra de las instrucciones eternas que llevan a crear causas generales o investigaciones prospectivas, pero han optado porque la propuesta de Podemos siga adelante y enmendarla en los debates posteriores.
No es la primera vez que surge una iniciativa con este objeto, sino que es la tercera vez que la misma llega al pleno. Resulta que la regulación de los límites máximos de instrucción que actualmente tenemos es ciertamente insuficiente, pero derogarla generaría mucha más inseguridad jurídica, y falta de tutela judicial efectiva, que mantenerla, porque implica dejar a la instrucción sin plazos. O, al menos eso establecen algunos profesionales del derecho.
En este aspecto, Iñigo Segrelles, profesor titular de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y socio del despacho Del Rosal, Adame & Segrelles augura que: “El resultado práctico es que se mantiene abierto el procedimiento penal durante cinco, seis, o los años que le parezca oportuno al juez, en tanto una comisión rogatoria no sea cumplimentada por el país al que se le ha solicitado. Esto constituye, como digo, una vulneración de los derechos fundamentales antes indicados, y de los principios más elementales del proceso penal, como todos sabemos. Y los primeros que lo saben son los imputados (investigados) que lo sufren, muchas veces en una agonía sin solución de continuidad”.
Asimismo, afirma que “la eliminación de los plazos máximos de instrucción no arregla la situación de la maltrecha Justicia, sino que la empeora, porque es un paso hacia atrás en el camino de su reforma”.
Otros profesionales, como la Unión Progresista de Fiscales ha trasladado al ministro de Justicia que la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es imprescindible para abordar el colapso judicial y garantizar la salud de los profesionales y usuarios tras la crisis del coronavirus.
La UPF asegura que, “la derogación del artículo 324 de la Lecrim «era ya urgente con anterioridad a esta pandemia, y sus efectos se han visto, y se verán en el futuro con el archivo de múltiples causas (muchas de ellas de corrupción), ante la imposibilidad de control de los plazos por parte de las/los fiscales».
Algunos de las consecuencias tras la posible derogación del mencionad artículo serían el acortamiento de plazos de investigación sin incrementar los medios o la especial incidencia en instrucciones más complejas como las que suponen los grandes delitos patrimoniales, delitos de defraudación, delitos de corrupción y la criminalidad de bandas organizadas.
Finalmente se deberá hacer una ponderación de las ventajas e inconvenientes que supondría la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aun más tras las consecuencias que ha sufrido el sistema judicial con la llegada del coronavirus el pasado marzo. No debemos olvidar la puesta en marcha de propuestas y planes del Gobierno para reactivar la justicia tras la reactivación del estado de alarma.
Sea cual sea la respuesta, lo que se debe hacer es trabajar para que el sistema judicial español funcione mejor día a día y se contribuya a que los procesos no se dilaten tanto como sucede en la actualidad. Evidentemente, es algo que a todos nos gustaría y beneficiaria, pero, podrían plantearse nuevos problemas, ya que a todos nos gusta que esa instrucción sea lo más completa posible y se den los medios, herramientas y armas necesarias para poder instruir estos procedimientos con todas las garantías.
