La asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena ha presentado una denuncia ante los juzgados de guardia en Madrid contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por un supuesto delito de prevaricación relacionado con el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos.
Se entiende como delictivo el hecho de que se justificara dicho cese en el hecho de que Diego Pérez de los Cobos “no articulara los mecanismos adecuados” para que el ministerio del interior estuviera al tanto de los informes que una de sus unidades operativas de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid había realizado sobre el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
En su denuncia se cuestiona sobre toda la legalidad de la llamada personalmente que la directora general le hizo a Pérez de los Cobos el pasado domingo 24 de mayo, donde le comunico su cese fulminante.
En esta llamada la directora general argumentó que la causa del 8M era muy delicada para el Gobierno y por ello le interesaba conocer el contenido de lo que la Guardia civil había entregado a la magistrada. A pesar de que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid había ordenado absoluta reserva sobre la instrucción.
Esta orden fue reiterada el 25 de mayo, tras conocer el cese del coronel Pérez de los Cobos, en ella se recordaba a la Secretaría de Estado de Interior que la policía judicial tiene obligación de “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”, de modo que sólo sería informado de las diligencias.
Para la asociación de consumidores, es grave la fundamentación del cese del coronel pues lo ven “como organizar un sistema de información que pusiere en conocimiento de los investigados por alguna infracción penal, las pesquisas que lleva a cabo el juez que entiende de la causa”
Por tanto, para los denunciantes se trata de que “sistemáticamente se informe de los delitos a sus presuntos autores para que de este modo puedan modificar, suprimir, alterar documentos o pruebas que los incriminen, convirtiendo al Estado en una organización que protege a los autores de los delitos que se comenten a su amparo”
Convirtiéndose el Estado en una organización que utiliza el delito para encubrir los delitos que se cometen bajo su amparo “que es la definición más precisa de organización mafiosa”.
