El pasado miércoles 3 de marzo el Defensor del Pueblo presentó un informe sobre la crisis migratoria de 2020 en Canarias. En él señalaba las deficiencias de la red de acogida y los procedimientos de atención y asilo prestados a los extranjeros. Francisco Fernández Marugán también ha expuesto el colapso en el que se encuentra la capacidad de acogida de las islas. Además, ha advertido que «no basta con el cumplimiento de determinadas formalidades para considerar que se garantizan los derechos fundamentales».
El pasado 2020 ha sido el segundo año consecutivo con mayor llegada de inmigrantes. Más de 23.023 extranjeros entraron en Canarias en busca de asilo, pero la comunidad no contaba con las suficientes plazas de acogida. Además, a ello se han sumado las condiciones en las que se encontraban debido a la pandemia.
El Defensor ha advertido que «no puede convertirse a determinadas zonas costeras del sur de Europa en lugares de privación de derechos» con el argumento de «evitar el efecto llamada». También ha añadido que «el sistema de acogida en Canarias, tanto de personas en situación irregular que por distintos motivos no han sido expulsadas, como de solicitantes de asilo, no tiene capacidad para atenderlas en centros residenciales adecuados».
Deber de información
Fernández Marugán se ha referido así a «las restricciones a la libre circulación» que sufren los inmigrantes que tienen una orden de devolución pendiente de ejecutar y que intentan entrar a la península. En general, a todos aquellos que vienen a España solicitando asilo. Además, debido a la pandemia del COVID-19, los extranjeros se han encontrado en los campamentos sin ningún tipo de información y sin saber si iban a ser deportados.
Mediante este informe, el Defensor ha calificado de «imprescindible» que «sin más demora» se busquen vías para informar a los extranjeros sobre la situación en la que se encuentran. Es necesario que tengan conocimiento de que no van a ser expulsados de España porque su orden de devolución «no se ejecutará temporalmente». Con esto, el Defensor pretende evitar «las situaciones de precariedad y marginalidad en la que con frecuencia se encuentran» y gestionar de mejor manera la red de acogida.
Otras deficiencias
El Defensor del Pueblo también ha hecho mención en el informe a otros problemas e irregularidades. La protección de los menores que llegan a las islas, el derecho al asilo y las condiciones en las que se encuentran los extranjeros en los campamentos han sido algunos de ellos. Para ello, el Defensor ha pedido solidaridad entre las comunidades para distribuir a estos menores no acompañados por la península. Según ha afirmado «no es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que esto supone». Para ello, en el informe ha hecho mención de la Ley de Extranjería, la cual facilita los traslados de menores que a menudo implican muchas trabas burocráticas.
No obstante, Fernández Marugán ha enumerado otras posibilidades para atribuir a estos menores una tutela. La Administración del Estado y las distintas comunidades autónomas pueden establecer convenios con ONG´s, fundaciones o entidades que se dedican a la protección de menores. No obstante, para que la distribución sea exitosa «se necesita voluntad política y un liderazgo para su coordinación y financiación de la Administración General del Estado».
El Defensor también ha recordado que se debe respetar el límite de las 72 horas de detención y recordar a estas personas que tienen derecho a un abogado y a un reconocimiento médico. Por tanto, los extranjeros deben exigir unas condiciones mínimas para defender sus derechos. En el informe, Fernández Marugán también ha denunciado el desamparo al que han sido sometidas las familias de los extranjeros desaparecidos y la forma en la que se han hecho las cuarentenas durante el estado de alarma en estos centros de acogida.
