El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, participó, este martes, en los Diálogos Institucionales, organizados por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y el Ministerio de Justicia. El evento estuvo moderado por la decana del ICAV, Auxiliadora Borja, acompañada por la presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, María Pilar de la Oliva, y la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de esta Comunidad, Gabriela Bravo.
La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, fue la encargada de abrir el encuentro y agradeció a todas las autoridades y representantes de la sociedad civil su presencia «por ser un apoyo crucial en este acto. Por supuesto, la del ministro por haber aceptado la invitación del ICAV a celebrar los Diálogos Institucionales en nuestro Colegio, y en especial a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y la fiscal jefe de la CV, Teresa Gisbert. Poder tener un encuentro entre los distintos agentes que conformamos la justicia en Valencia seguro nos permitirá aportar ideas o mejoras, en materia de justicia», señaló la decana.
En el encuentro, Campo destacó el papel de la abogacía en la Justicia: «Es la plataforma que nos permite hablar de la Justicia, porque ellos son el nexo más importante entre la Justicia y la ciudadanía».
Reivindicación de la conciliación laboral y familiar
La decana del ICAV aprovechó el acto para exponer al ministro un asunto, aseguró «que me preocupa especialmente». Borja se refirió a la gran cantidad de solicitudes de amparo colegial de compañeros y compañeras que llegan al Colegio, debido a las continuas denegaciones de solicitudes de suspensión de señalamientos, «aun siendo debidamente justificadas conforme a la ley». Sobre todo, añadió, «preocupan las denegaciones de justificaciones por bajas de maternidad o paternidad. Entendemos que esta situación pone en jaque la conciliación familiar y laboral en la justicia». El ministro se comprometió a sentarse a hablar con la Abogacía sobre este tema.
Siguiendo con el evento, el ministro aseguró que, la ciudadanía es «el leitmotiv» de su proyecto. En ese sentido, Campo se ha felicitado porque gran parte de los proyectos llevados a cabo desde el inicio de la pandemia y que más beneficiarán a los ciudadanos «han sido aprobados por unanimidad, tanto los acuerdos de las sectoriales con las Comunidades Autónomas como las normas, en las que solo suele quedar fuera Vox». Todo ello enmarcado en un plan, Justicia 2030, que tiene «eficiencia» y «consenso» como palabras clave.
Tres principales ejes
Campo explicó los tres principales ejes normativos que está llevando a cabo su equipo para conseguir ese objetivo de la eficiencia: la ley de eficiencia procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que permiten recuperar la capacidad negociadora de las partes; la ley de eficiencia organizativa, «que supone un cambio medular», según Campo, que recoge tres figuras clave: el Tribunal de Instancia, la Oficina Judicial, y la Oficina de Justicia en el municipio; y, finalmente, la futura ley de eficiencia digital, que verá la luz este año.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Comunidad Valenciana, felicitó al ministro por este trabajo para mejorar la eficiencia de la Justicia. «No se puede trabajar con un modelo obsoleto», añadió Bravo, quien hizo hincapié, además, en la necesidad de contar con todos, «incluso con todas las fuerzas políticas».
La presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana, por su parte, destacó que «todos somos necesarios y tenemos un mismo objetivo: hacer una Administración de Justicia propia del siglo XXI, que ayude a hacer frente a la crisis económica y social». Para ello, dijo, «cuenta, ministro, con nuestra colaboración».
Por último, el ministro, dentro del trabajo llevado a cabo por su equipo ministerial, hizo alusión a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con un vacatio legis de 6 años, «importante para ir mejorándola entre todos»; y al proyecto de ley de la Fiscalía Europea, con 7 fiscales delegados ya seleccionados. Son piezas que se van sumando a esa «caja vacía que es Justicia 2030 y que vamos llenando con el consenso de todos», ha concluido Campo.
